Tegucigalpa, Honduras (31.03.2025).- El Ministerio Público (MP) presentó dos requerimientos fiscales en el marco de las investigaciones por el retraso en la entrega de urnas en las elecciones primarias del 9 de marzo.
Así lo anunció el Fiscal General de la República, Johel Antonio Zelaya, en una conferencia de prensa donde reveló que los acusados enfrentan cargos por fraude, negociaciones incompatibles y violación a los deberes de los funcionarios.
Uno de los requerimientos fue interpuesto en el Juzgado con Jurisdicción Nacional, mientras que el otro fue presentado en el Juzgado de lo Penal de La Granja.
Entre los señalados figuran Joel Ramos García, coordinador del transporte electoral; Raúl Amílcar Rivera Montoya, Denis Emilio Hércules Rosa, Juan Carlos Canales Lobo y José Martín Pastrana Sánchez, todos miembros de la comisión evaluadora para la contratación del transporte electoral.
Asimismo, se incluyó a Carlos Salomón Fonseca Robles, representante de la empresa Ingeniería Logística, la cual, según las investigaciones, no cumplía con los requisitos mínimos para el traslado del material electoral.
Durante su intervención, el Fiscal General denunció que la contratación de la empresa adjudicada fue un acto de corrupción que provocó un colapso en la distribución del material electoral.
«No permitiremos que la democracia se convierta en un juego de mafias. Una vez más, la corrupción público-privada ha tratado de manchar un proceso que, en más de un 96 %, se desarrolló con normalidad», afirmó.
El MP reveló que la empresa Ingeniería Logística debía contar con 143 furgones de 48 pies, 497 camiones de 24 pies y 82 camiones livianos de 12 pies, pero solo disponía de 10 cabezales y dos camiones, lo que llevó a un retraso en la entrega de las urnas.
Esto obligó a reorganizar la distribución de las maletas electorales en el momento de la entrega, lo que generó un caos logístico y afectó el desarrollo de la jornada electoral.
10 de abril serán llamados los consejeros del CNE
Zelaya advirtió que las investigaciones continuarán y que el 10 de abril serán llamados a declarar los consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE), enfatizando que «no habrá padrino político ni fuerza externa que detenga las investigaciones del MP».
Finalmente, envió un mensaje a la ciudadanía, asegurando que el Ministerio Público seguirá vigilante y actuará con firmeza para garantizar la transparencia en el proceso electoral.
«Las elecciones fraudulentas se acabaron. No habrá borrón y cuenta nueva para quienes intenten manipular la voluntad popular», concluyó.
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