Tegucigalpa, Honduras (03.12.2022).- Gracias al lanzamiento del Plan Integral para el Tratamiento de la Extorsión y Delitos Conexos, la Policía Nacional reportó la captura de al menos 102 individuos dedicados a este flagelo que atenta contra la vida de las y los hondureños.
El subdirector de la Policía Nacional, Juan Manuel Aguilar Godoy, explicó que las acciones que comenzaron el pasado 24 de noviembre por mandato de la Presidenta Xiomara Castro ya dieron algunos elementos positivos, como más de 500 personas capturadas por diferentes delitos en todo el país.
DECOMISOS
De igual manera, indicó que, mediante la guerra contra la extorsión, ya se registra un millón 672 mil 472 lempiras decomisados a bandas de extorsionistas y secuestradores.
Durante los intensos operativos, ejecutados por la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), acuerpados por otras dependencias policiales, también se han decomisado 157 vehículos por no portar placas y patentes, siete de los automotores fueron decomisados a personas ligadas a la extorsión y secuestros.
En los primeros ocho días del plan se han detenido más 100 miembros de maras y pandillas, vinculados a 16 bandas, así como la desarticulación de grupos dedicados al secuestro en el marco de la Estrategia Integral Antiextorsión.
De igual manera, se han detenido 22 personas en puntos fronterizos, a través de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF) y la Dipampco. Entre lo decomisado figuran 2,000 piedras de crack y 259 armas de fuego.
OPERATIVOS
Aguilar Godoy, advirtió que se “continuarán dando estos golpes fuertes a personas vinculadas a bandas criminales y ligadas a maras y pandillas”.
Además, informó que los especialistas de Dipampco ya están ejecutando la restricción de teléfonos celulares en los centros penales del país.
Otra de las medidas anunciadas es la regulación de venta y compra de chips telefónicos.
El oficial puntualizó que recién se inició la primera fase integral del plan contra la extorsión y se contempla que en la tercera y última se soliciten cambios a la legislación vigente en relación con los delitos que se combaten en la actualidad.
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