Tegucigalpa, Honduras (02.01.2025).- El asesor en Comunicaciones, Gilberto Ríos, ofreció un análisis sobre la reciente declaración de la Presidenta Xiomara Castro, en la que se planteó un posible diálogo con la administración de Donald Trump sobre la remoción de la base militar de Palmerola, en caso de persistir actitudes hostiles contra los migrantes hondureños.
Ríos cuestionó la justificación de la presencia militar estadounidense en Honduras y en otras partes de Centroamérica, argumentando que el pretexto de combatir el narcotráfico ha demostrado ser falso.
«Donde ha tenido presencia el gobierno norteamericano con su ejército, ha aumentado increíblemente el narcotráfico. Esto ocurrió en Vietnam, Laos, Colombia, Afganistán y en varias regiones de América Latina», afirmó.
Según Ríos, la presencia de bases militares en estas zonas no ha logrado controlar el narcotráfico, sino que más bien ha contribuido a su expansión.
En cuanto al contexto político, el analista destacó la preocupación por el creciente discurso antiinmigrante de Donald Trump, que considera uno de los pilares de su campaña.
«Nosotros tenemos más de un millón de hondureños en Estados Unidos, y este discurso racista promueve la inestabilidad de nuestros compatriotas en su territorio», afirmó Ríos.
Además, subrayó la importancia de un diálogo respetuoso entre ambas naciones, basado en intereses comunes y en la búsqueda de soluciones pacíficas.
El asesor también hizo mención de la reciente inclusión de Honduras en la lista Engel, un documento de EE. UU. que señala a países con altos índices de corrupción.
Ríos opinó que EE. UU. continúa utilizando sus mecanismos de presión a través de los medios de comunicación para imponer su lógica en el mundo, sin reconocer la soberanía de los países involucrados.
Sin embargo, destacó que, a pesar de las diferencias, la relación entre Honduras y el gobierno de Biden ha mantenido un enfoque en el diálogo.
Ríos concluyó que la postura de la Presidenta Castro, al cuestionar la presencia de bases militares y al abogar por la protección de los migrantes hondureños, es una defensa de la soberanía y los derechos de la población frente a la imposición de políticas externas.
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