Tegucigalpa, Honduras (21.10. 2024). – Un juez ordenó este lunes la medida de prohibición de salida del país al exalcalde de Tegucigalpa, Nasry Asfura, acusado por lavado de activos, malversación de caudales públicos y fraude.
El Juzgado Penal en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dictó medidas sustitutivas a la prisión contra Asfura.
Asimismo, dictó la misma medida contra otros siete exfuncionarios tras comparecer en la audiencia de declaración de imputados, dijo a periodistas la portavoz judicial Bárbara Castillo.
La resolución del juez indica que Asfura y los otros acusados se defenderán en libertad, pero no podrán salir del país y deberán firmar mensualmente un libro de control en el juzgado, señaló.
Según la portavoz judicial, Asfura presentó una fianza de 15 millones de lempiras (602.324 dólares), mientras que la de los otros siete acusados es de un millón de lempiras (40.155 dólares) cada uno.
Todos deberán comparecer nuevamente el 4 de noviembre para la audiencia preliminar.
La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) acusó el 10 de octubre a Asfura y siete exfuncionarios por presunto lavado de activos, malversación, fraude, uso de documento falso y violación de deberes.
Según la denuncia, se habría ejecutado un esquema para «drenar fondos públicos y posteriormente proceder al lavado de dinero», en el que se habrían desviado 28,5 millones de lempiras (1,14 millones de dólares) de forma «sistemática y premeditada para beneficio personal y de terceros».
Asfura, alcalde de Tegucigalpa entre 2014 y 2022, junto a Cinthia Borjas y Nilvia Castillo, son señalados como «responsables» de lavado de activos, malversación de caudales públicos, fraude, uso de documento falso y violación de los deberes de los funcionarios».
Además, la Fiscalía acusa a Mario Zerón y Rony López por «fraude y violación de los deberes de los funcionarios»; Wilmer Rodríguez y Roger Amador por «lavado de activos, fraude y uso de documentos falsos», y Óscar Uriarte por «lavado de activos».
Según las investigaciones, el dinero habría sido desviado entre 2017 y 2018 mediante la emisión de 32 cheques a nombre de Asfura, Borjas y Castillo, justificados como «fondos rotatorios, fondos especiales y reembolsos».
Sin embargo, la Fiscalía indica que los cheques fueron «depositados en cuentas personales» de los acusados y beneficiaron a «personas naturales y jurídicas» vinculadas al exalcalde capitalino.
La acusación señala que parte del dinero se desvió para financiar campañas políticas, cubrir gastos no oficiales de la Alcaldía, pagar tarjetas de crédito de Asfura y realizar compras personales.
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