Tegucigalpa, Honduras (01.04.2025).- El Juzgado Penal en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dictó este martes detención judicial para Juan Carlos Canales Lobo, empleado del Consejo Nacional Electoral (CNE), por su presunta responsabilidad en la fallida entrega del material electoral en las elecciones primarias e internas del pasado 9 de marzo.
Canales Lobo, quien formaba parte de la comisión evaluadora para la contratación del transporte del material y equipo electoral, enfrenta cargos por violación a los deberes de los funcionarios, negociaciones incompatibles y fraude.
Según informó el portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, la defensa del acusado presentó un bien inmueble como garantía de caución, pero al no incluir el gravamen y avalúo correspondientes, el juez rechazó la solicitud y determinó enviarlo a prisión.
Canales Lobo fue trasladado al Centro Penitenciario Nacional de Támara, en Francisco Morazán. La audiencia inicial se programó para el viernes 4 de abril a las 8:30 de la mañana.
Mientras tanto, otros implicados en el caso tienen orden de captura vigente, aunque su defensa ha solicitado la presentación voluntaria ante las autoridades.
Investigación por irregularidades en el transporte electoral
El Ministerio Público informó el pasado 31 de marzo que se presentaron varios requerimientos fiscales contra personas vinculadas a las irregularidades en el transporte del material electoral en las elecciones primarias de Honduras.
En una comparecencia de prensa, el Fiscal General Johel Zelaya detalló que las acusaciones fueron presentadas en dos instancias: un requerimiento ante el juzgado con jurisdicción nacional y otro ante el juzgado común.
Entre los acusados se encuentran Joel Ramos García, excoordinador de proyectos de transporte electoral; Raúl Amílcar Rivera Montoya, Denis Emilio Hércules Rosa, Juan Carlos Canales Lobo y José Martín Pastrana Sánchez, miembros de la comisión evaluadora.
Además, se señala a Carlos Salomón Fonseca Robles, representante de la empresa Ingeniería Logística, que fue contratada a pesar de no cumplir con los requisitos de idoneidad.
De acuerdo con el Fiscal Zelaya, la empresa debía disponer de 143 furgones de 48 pies, 497 camiones de 24 pies y 82 camiones livianos de 12 pies, pero solo contaba con 10 cabezales y 2 camiones, lo que habría contribuido a las fallas en la distribución del material electoral.
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