Tegucigalpa, Honduras (13.03.2023) El Gobierno de la Presidenta Xiomara Castro, a través del Servicio Administrador de Rentas (SAR), presentó la propuesta de la Ley de Justicia Tributaria, porque Honduras requiere cambios profundos y estructurales para revertir la pobreza y desigualdad promovida por el modelo económico vigente.
Dicha normativa será enviada al Congreso Nacional y se resume en los siguientes 10 puntos:
En primer lugar, reconocer a nivel Constitucional que la recaudación de impuestos debe ser progresiva, es decir que se debe cobrar más impuestos al que más gana y menos impuestos al que menos gana.
Adicionalmente, se limita el tiempo de otorgamiento de exoneraciones a un máximo de 10 años. Esta reforma constitucional busca evitar que los abusos de estos últimos 13 años puedan volver a ocurrir.
Como punto número dos, está, derogar los beneficios contenidos en 10 regímenes de exoneraciones fiscales vigentes para poner fin a su desnaturalización y a los abusos constatados por las empresas beneficiarias.
La derogación de los beneficios evitará que se incorporen nuevas empresas en regímenes que han legalizado e institucionalizado los abusos.
Además, como tercer punto, brindar seguridad jurídica a las empresas y reconocer sus derechos adquiridos sobre los impuestos exonerados durante el tiempo correspondiente, según constate en sus resoluciones de inscripción al régimen.
Lo anterior, sin perjuicio de que se pueda cancelar el beneficio en caso de constatar abusos o incumplimiento de los objetivos contenidos en las leyes.
El cuarto punto establecer el marco normativo e institucional adecuado para controlar los abusos de las empresas exoneradas.
Con la reforma, SEFIN, SAR y Aduanas realizarán auditorías para cancelar exoneraciones a empresas que han abusado de estas y a empresas cuyo monto exonerado exceda el beneficio retribuido a la sociedad.
También, en el punto número cinco destaca la creación de dos nuevos regímenes de exoneraciones fiscales orientados a desarrollar la industria nacional y a atraer inversión extranjera, diseñados bajo los criterios de mejores prácticas internacionales.
Los regímenes vigentes exoneran todos los impuestos existentes, por amplios períodos de tiempo e incluyen otro tipo de beneficios más allá de los tributarios, lo que promueve la competencia desleal en los sectores económicos.
Los dos nuevos regímenes se otorgarán a impuestos específicos, por un máximo de 10 años y con controles para vigilar que los beneficios obtenidos por la sociedad correspondan con la exoneración otorgada.
En tanto, el punto número seis: cambiar el principio de renta de territorial a mundial para evitar el desvío de utilidades y ganancias de grandes empresas a paraísos fiscales.
Entre 2017 y 2023 se dejaron de percibir 57 mil millones de lempiras en impuestos por esta reforma introducida a través del Nuevo Código Tributario.
Al aprobarse el cambio de principio de renta, 503 empresas y personas naturales iniciarán a pagar impuestos por los ingresos percibidos del exterior.
De igual manera en el punto número siete se busca eliminar la posibilidad de condonar deudas tributarias para evitar la legalización de la evasión fiscal.
Al eliminar la posibilidad de condonar deudas tributarias.
Es decir, las empresas no tendrán más opción que presentar y pagar sus declaraciones, ajustes y multas en tiempo y forma, elevando la percepción de riesgo de impago y consecuentemente la recaudación de impuestos.
Mientras que, eliminar el secreto bancario para fines tributarios introducido en el nuevo Código Tributario, se establece como punto número ocho porque el Código Tributario vigente, en su artículo 72 numeral 4, establece requisitos de información que en la práctica impiden al SAR, en el desarrollo de sus controles, acceder a información bancaria para constatar la evasión de impuestos.
A esto se suma que el país no intercambia información bancaria ni tributaria con el resto de los países del mundo y la existencia de regímenes fiscales considerados perniciosos por la OCDE, Honduras se encuentra a las puertas de ser declarado formalmente paraíso fiscal.
En noveno lugar está el intercambiar información con el resto de los países del mundo mediante la ratificación de la Convención MAAC de la OCDE.
Con la ratificación por parte del Congreso Nacional de la Convención de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAAC) promovida por la OCDE el país da pasos importantes en transparencia fiscal y evitar caer en el riesgo de ser declarado paraíso fiscal.
Para finalizar, resalta la aprobación de la figura de Beneficiario Final para evitar que las empresas escondan a los principales beneficiarios de sus utilidades y evadan el pago de impuestos a través de complejas cadenas de propiedad.
En 2022, el impuesto sobre la renta pagado por personas naturales fue el equivalente al 7% del pagado por las empresas, lo que evidencia las facilidades que se les han otorgado a los dueños de las empresas para evadir.
Con la aprobación de la figura de Beneficiario Final los grandes patrimonios comenzarán a pagar los impuestos que les corresponde.
En tal sentido, la Ley de Justicia Tributaria cimentará las bases para construir un sistema tributario más justo y equitativo, donde paguen más los que más ganan y eliminará los abusos existentes en los regímenes de exoneraciones fiscales existentes.
De acuerdo con las autoridades del SAR estas acciones permitirán recaudar más ingresos, sin crear nuevos impuestos ni aumentar tasas, y dotar al Gobierno de los recursos suficientes y necesarios para hacer frente a las históricas demandas sociales y generar el desarrollo integral del pueblo hondureño.
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