Tegucigalpa, Honduras (16.11.2024).- La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó este viernes a tres personas vinculadas a la concesión del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, en el oeste del país, que fue rechazado por la ambientalista Berta Cáceres debido a los daños ambientales que causaba a las comunidades lenca, y que finalmente fue el trasfondo de su asesinato en 2016.
Los condenados son Roberto David Castillo, quien fue presidente ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), encargada de la represa; Carolina Lizeth Castillo, exfuncionaria de la empresa estatal, y Raúl Pineda, exalcalde de San Francisco de Ojuera, en el departamento de Santa Bárbara.
El tribunal dictó cinco años de prisión para Roberto David Castillo y Carolina Lizeth Castillo por el delito de fraude, además de imponerles una multa de 380.700 lempiras (aproximadamente 15.200 dólares) a cada uno, y una inhabilitación pública de diez años.
En tanto, Raúl Pineda fue condenado a dos años de prisión por falsificación de documentos públicos, con la obligación de cumplir trabajo social y una inhabilitación de seis años para ocupar cargos municipales.
Un paso hacia la justicia
Estas sentencias son vistas como un paso hacia la justicia por parte del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), organización liderada por Berta Cáceres, quien fue asesinada el 2 de marzo de 2016 en su hogar, en La Esperanza, debido a su lucha contra el proyecto hidroeléctrico.
COPINH celebró las condenas en redes sociales, afirmando que marcan un avance en la justicia para el pueblo lenca, el COPINH y el caso del asesinato de Cáceres, resaltando que la concesión del Río Gualcarque (donde se ubica el proyecto Agua Zarca) fue un fraude que Berta Cáceres denunció antes de su muerte.
En el caso de Roberto David Castillo, cabe recordar que ya había sido condenado en 2022 a 22 años y seis meses de prisión por su participación en el asesinato de Cáceres, uno de los crímenes más emblemáticos de la lucha ambientalista en Honduras.
La ambientalista había liderado la resistencia contra la construcción de la represa, argumentando que afectaría gravemente a las comunidades lenca y a los ecosistemas del río Gualcarque.
El Ministerio Público de Honduras había solicitado una pena de siete años de cárcel para los hermanos Castillo por fraude y doce años para el exalcalde Pineda por falsificación y usurpación de funciones.
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