Tegucigalpa, Honduras (28.10.2024).- Un Tribunal de Sentencia emitió un fallo condenatorio de 57 años de reclusión en contra de Norman Gustavo Altamirano Chávez, y tres años y nueve meses de reclusión en contra de Ramón de Jesús Sabillón Gómez y Delmy Gabriela Castellanos Hernández.
A quienes se les encontró culpables de violación a los deberes de los funcionarios y falsificación de documentos públicos, al modificar la documentación soporte que se encontraba en el Instituto de la Propiedad (IP), de Siguatepeque, para adjudicar propiedades malintencionadamente a nombre de otras personas.
A Altamirano Chávez se le condenó por 12 delitos de falsificación de documentos públicos en concurso ideal con violación de los deberes de los funcionarios, más cuatro delitos de violación de los deberes de los funcionarios, por lo que la suma de la pena de cada delito cometido suma 57 años de reclusión, que deberá cumplir en una penitenciaría nacional.
Por su parte, a los otros dos, empleados activos del IP, se les condenó por un delito de falsificación de documentos públicos y violación de los deberes de los funcionarios en
concurso ideal.
De acuerdo con los hechos probados por el Ministerio Público (MP), mediante diligencias realizadas por agentes de investigación de los delitos en contra de la administración pública y patrimonial de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), se comprobó que los ahora condenados, valiéndose de sus cargos de implementación, retractación y calificación, entre 2013 y 2014 cambiaron nombres de los propietarios en la documentación soporte del IP, encontrándose 16 situaciones atípicas.
Todo lo anterior se demostró con 17 medios de prueba aportados por la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), regional Comayagua, durante el juicio, logrando que el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque los declarara culpables e impusiera la pena en contra de cada uno de ellos.
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