Tegucigalpa, Honduras (22.10.2024).- El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Ramón Barrios, detalló que las recientes acusaciones del Ministerio Público (MP), han permitido descubrir que más de 28.5 millones de lempiras (L), que debían invertirse en infraestructura de la capital fueron a parar al bolsillo de particulares.
«Fiscal General dijo: aquí hay un funcionario público que fue electo por los ciudadanos y ciudadanos de la capital de la República para administrar los fondos públicos y hemos descubierto frente a estos hechos que 28.5 millones de lempiras que debían invertirse en infraestructura de la capital de la República fueron a parar a los bolsillos particulares de este funcionario público», dijo el congresista.
El especialista en derecho recordó que, durante 12 años el país vivió una impunidad terrible, un saqueo del erario público, dinero público, orquestado por el Partido Nacional.
En tal sentido, el parlamentario hizo énfasis en que, no es casualidad que, fueran el Partido Nacional, los que más requerimientos fiscales tuvieron por parte de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad.
«Eso no es una casualidad que fueran el Partido Nacional, los que más requerimientos fiscales tuvieron por parte de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad. Pues bien, esos diputados al Congreso eligieron al Fiscal General del Estado, eligieron a quien debían ejercer la acción penal pública», puntualizó.
Contexto
El 21 de octubre del presente año, en cadena nacional de radio y televisión, el Fiscal General de la República, Johel Zelaya, y el jefe de la Unidad Fiscal Especializada en Redes de Corrupción (UFERCO), Luis Javier Santos, defendieron la acusación penal contra el exalcalde de Tegucigalpa y precandidato presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura.
Durante su intervención, Zelaya advirtió que no detendrá los procesos de investigación ni la presentación de requerimientos fiscales, reafirmando su compromiso con la justicia frente a las redes de corrupción y crimen organizado.
Zelaya expresó: “No detendré los procesos de investigación, ni la presentación de requerimientos fiscales y continuaré exigiendo justicia contra quienes estén involucrados en redes de corrupción, crimen organizado y narcotráfico, independientemente de la condición económica o de poder que ostenten los responsables”.
Este mensaje fue emitido tras solicitar un espacio a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) sin revelar el motivo inicialmente, refiriéndose a él como un tema “de interés nacional”.
Los funcionarios del Ministerio Público argumentaron que la acusación contra Asfura está fundamentada en pruebas que evidencian la presunta comisión de varios delitos durante su gestión como alcalde del Distrito Central.
Zelaya subrayó que la corrupción pública ha causado un grave daño al país, afectando tanto el presente como el futuro de la nación.
El Fiscal General enfatizó que los delitos de corrupción y narcotráfico trascienden fronteras, dejando una estela de dolor.
“Los delincuentes que han tejido redes de corrupción y criminalidad no tienen color, raza, bandera o partido político; solo buscan enriquecerse a costa del pueblo hondureño”, afirmó. También refutó las narrativas de persecución política, argumentando que las pruebas son contundentes.
Detalles del caso
Luis Javier Santos, por su parte, expuso los detalles del caso, revelando que la investigación comenzó en 2019 y se centra en el desvío de 128 millones 559 mil 062 lempiras a través de un fideicomiso que la Alcaldía Municipal del Distrito Central constituyó para manejar ingresos.
Santos detalló que en 2017 y 2018, Asfura y otros funcionarios emitieron cartas para solicitar la emisión de cheques en concepto de reembolsos, que posteriormente fueron depositados en cuentas personales, presuntamente para financiar campañas políticas.
El Juzgado en Materia de Criminalidad Organizada, Corrupción y Medio Ambiente, en una audiencia reciente, dictó medidas distintas a prisión para Asfura y otros imputados, quienes enfrentan acusaciones de lavado de activos, malversación de caudales, fraude, uso de documentos públicos falsos y violación de los deberes de los funcionarios.
Ambos funcionarios reiteraron su compromiso con la lucha contra la corrupción, prometiendo continuar sus esfuerzos para garantizar que la justicia prevalezca en el país.
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