Tegucigalpa, Honduras (26.10.2022).- El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) suscribieron ayer martes en Tegucigalpa un acuerdo de colaboración para afrontar el fenómeno del desplazamiento forzado en Centroamérica.
Con el convenio se busca fomentar programas y proyectos sociales de alto impacto para comunidades vulnerables y el desarrollo de políticas públicas de desarrollo socioeconómico, priorizando a personas desplazadas internas, solicitantes de asilo, refugiadas, migrantes y las comunidades que las acogen, indicaron en un comunicado.
«Ante los retos actuales del desplazamiento, la acción humanitaria no es suficiente. El involucramiento de los actores de desarrollo es fundamental para abordar las causas estructurales del desplazamiento e invertir en procesos de desarrollo en comunidades receptoras», dijo el director regional, José Samaniego.
Según el organismo humanitario, el acuerdo permitirá ampliar la inclusión socioeconómica de refugiados, migrantes y poblaciones vulnerables y construir mayor resiliencia de las comunidades, sobre todo mujeres y jóvenes.
El presidente del BCIE, Dante Mossi, señaló que le complacía «formalizar este acuerdo que permitirá impulsar acciones enfocadas a potenciar la cooperación, así como el intercambio de experiencias que faciliten el desarrollo de iniciativas para promover oportunidades para las comunidades vulnerables en la región».
Cifras de la ACNUR señalan que más de 1,3 millones de personas han sido obligadas a huir de Centroamérica debido a la violencia y la persecución, mientras que muchos han buscado protección fuera de sus países.
En el caso de El Salvador y Honduras, también se enfrentan al fenómeno del desplazamiento interno.
El acuerdo suscrito cobra especial relevancia en el contexto de los esfuerzos de los países miembros del Marco Integral Regional para Protección y Soluciones (MIRPS), que a través de los compromisos nacionales de sus países miembros promueven una respuesta coordinada al desplazamiento forzado en Centroamérica y México, subraya el comunicado.
También señala que esta es una oportunidad para ampliar los espacios de coordinación y sinergia para la movilización de recursos y generación de soluciones duraderas.
Samaniego invitó al BCIE a analizar las iniciativas promovidas por los países del MIRPS encaminadas a ampliar la red de protección social, fortalecer la oferta de salud y educación en comunidades receptoras, expandir la presencia del Estado en barrios marginales e involucrar al sector privado en la creación de empleos.
«El fin último es no dejar a nadie atrás y ver al refugiado y al desplazado como un actor dinámico que puede contribuir con el desarrollo de su comunidad», expresó Samaniego, según la oficina de las Naciones Unidas para los Refugiados.
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