Tegucigalpa, Honduras (14.09.2022).- El exsecretario de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), Gabriel Alfredo Rubí y el exministro de Salud, Nery Conrado Cerrato, se presentan este miércoles a la audiencia inicial.
El Ministerio Público presentó requerimiento fiscal contra Gabriel Alfredo Rubí Paredes, Nery Conrado Cerrato Ramírez, el exadministrador de Copeco, Cristian Elías Santeli Chavarría y la representante legal en Honduras de la empresa DLX Enterprises LLC, Mirna Luz Romero Majano.
El caso está relacionado a la suscripción de un contrato para la compra de un hospital móvil y unidad de aislamiento para el combate al COVID-19 en Villanueva, Cortés, por el cual se erogaron casi seis millones de lempiras (L.5,560,278.21), pero, lo que se instaló nada más fue una carpa que no cumplía ni los requisitos básicos o mínimos para atender pacientes en momentos críticos de la pandemia.
Conforme a la investigación del Ministerio Público, los encausados se coludieron para defraudar las arcas públicas y beneficiar a la empresa que lo que entregó fueron toldos y camillas de campamento, estableciéndose que en fecha el 28 de febrero de 2020.
Cerrato actuó como Coordinador del Comité Técnico Científico del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) comenzó con el ministro de Copeco, Gabriel Rubí, la solicitud de la adquisición del hospital y salas de aislamiento móviles, alterando documentación y violentando una serie de procedimientos y protocolos legales, todo ello en un tiempo récord de dos días.
La Fetccop de San Pedro Sula y agentes de investigación de los delitos en contra de la administración pública y patrimonial de la ATIC, confirmaron que las transferencias que el gobierno hizo a DLX Enterprises LLC por concepto de pago de las carpas y toldos móviles, se realizó de la siguiente manera: un adelanto de $.33,502.97 el 2 de marzo de 2020, siete días después $.78,173.61 y una última el 17 de marzo de 2020 por $.111,676.58.
Además, con las inspecciones de campo y pericias de expertos de ingeniería civil y biomédica, se acreditó que el proyecto fallido se instalaron en un predio de tierra (campo de fútbol) inundable, sin estudios topógráficos, ni mucho menos contar con equipo médico tecnológico para el tratamiento de enfermedades pulmonares como el Coronavirus.
Las imputaciones en el caso de Gabriel Alfredo Rubí Paredes y Cristian Elías Santeli Chavarría son por suponerlos responsables de violación de los deberes de los funcionarios y fraude, mientras que a Nery Conrado Cerrato Ramírez se le presume responsable de falsificación de documentos públicos y a Mirna Luz Romero Majano se le señala como cooperador necesario de fraude.
