Redacción teleSUR (07.04.2024). – El Alto Representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, condenó este domingo la violación de las instalaciones de la Embajada de México en Quito, para secuestrar al exvicepresidente de Ecuador, Jorge Glas.
De igual forma el funcionario resaltó “el incumplimiento de la Convención de Viena de 1961” e instó a “respetar el derecho internacional diplomático”.
El pasado viernes, la sede de la embajada de México en Quito fue tomada en asalto para privar de libertad al exvicepresidente Jorge Glas, que se encontraba en el recinto recibiendo asilo político, acción que conllevo a que de forma inmediata se rompiera las relaciones diplomáticas entre México y Ecuador, sucedida por Nicaragua el sábado.
Condeno la violación de las instalaciones de la Embajada de México en Quito en un claro incumplimiento de la Convención de Viena de 1961.
Hago una llamada a respetar el derecho internacional diplomático.
— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 7, 2024
Organizaciones internacionales y naciones han mostrado su desacuerdo con las acciones realizadas por Ecuador, entre ellas el Ministerio de Relaciones Exteriores de España que calificó la irrupción haciendo uso de armas en la sede mexicana como «una violación de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas».
Asimismo el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres y el Departamento de Estado de Estados Unidos que coinciden en la violación de lo que establece la Convención de Viena, que norma las relaciones diplomáticos que son de obligatorio cumplimiento para cada uno de los Estados partes.
También los gobiernos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela sancionaron la invasión a el domicilio de la sede diplomática mexicana.
Por su parte la Ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de la República del Ecuador, Gabriela Sommerfeld refirió que «la decisión del Gobierno fue tomada ante un riesgo real de fuga inminente de un ciudadano requerido por la Justicia».
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