Redacción telesur (11.08.2024). – La Sala Electoral a cargo de revisar el escrutinio de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio anunció a los medios que la revisión de la documentación presentada por el CNE y los excandidatos entró en su última fase.
Según detalló la presidenta del máximo tribunal de Venezuela, Caryslia Rodríguez Rodríguez, culminadas las audiencias con los diez excandidatos presidenciales y las 38 organizaciones con fines políticos que concurrieron a los comicios, su juzgado se alista para realizar el peritaje de todo el material electoral consignado en físico y en digital.
A su vez, la Sala dio a conocer un escrito donde se resalta que la pesquisa es llevada adelante por personal altamente calificado, empleando los más altos estándares técnicos, para garantizar que se resuelvan los conflictos de manera soberana y justa.
La investigación se realiza a todo el material electoral de valor probatorio consignado por el Poder Electoral, y las 33 de las 38 organizaciones políticas citadas a las audiencias de los días 7, 8 y 9 de agosto.
Entre la documentación que deberá constatar el tribunal se encuentra toda la información y pruebas aportadas por el Consejo Nacional Electoral el pasado 5 de agosto, además de las actas y testimonios ofrecidos por las diferentes fuerzas y contendientes involucrados en los comicios.
La magistrada presidente del TSJ subrayó que el peritaje tiene lugar a fines de producir la sentencia definitiva que dé respuesta al recurso contencioso presentado por el presidente reelecto, Nicolás Maduro Moros, con el propósito de proteger la paz y estabilidad de Venezuela.
De igual manera, se revisará todo lo referido al ataque cibernético masivo que afectó al sistema electoral venezolano el 28 de julio, día de las elecciones presidenciales.
La Sala Electoral es parte del Tribunal Supremo Judicial de Venezuela y por tanto es la máxima instancia, situación por la cual la sentencia será de carácter inapelable y de obligatorio acatamiento.
En desacato
En su balance a los medios de comunicación, la también presidenta de la Sala Electoral del TSJ recordó que el exaspirante Edmundo González Urrutia se encuentra en desacato del máximo ente judicial.
Subrayó que los partidos que lo apoyaron no presentaron recursos que remitieran a un acto de fraude ni cualquier otra información que validara el presunto triunfo de este excandidato.
De los diez excandidatos citados por el Tribunal Electoral, acudieron todos menos Gonzáz Urrutia, dejando sentado su testimonio Antonio Ecarri, José Brito, Enrique Márquez, Luis Eduardo Martínez, Daniel Ceballos, Javier Bertucci, Claudio Fermín, Benjamín Rausseo y Nicolás Maduro.
A su vez, la autoridad judicial aclaró que los postulantes del excandidato González Urrutia, miembros de la Alianza Plataforma Unitaria Democrática (PUD), tampoco consignaron material electoral y argumentaron no poseer ningún tipo de documentación relacionada con el proceso, como actas de escrutinio y listados de testigos.
Y destacó que en su comparecencia, el CNE cumplió a cabalidad «con el requerimiento formulado por la Sala Electoral, al consignar oportunamente y en tiempo hábil, todos los recaudos vinculados con el proceso».
Atentado contra la legalidad
En otro pasaje de su declaración Rodríguez Rodríguez subrayó que desde la PUD indicaron que no participaron en el traslado y resguardo de material electoral mientras que señalaron que la organización SUMATE fue parte del equipo asesor técnico de la Alianza.
SÚMATE es una organización venezolana vinculada históricamente con el Departamento de Estado de los Estados Unidos y la National Endowment for Democracy (NED), que ha sido acusada de operar como una franquicia de la CIA bajo la apariencia de sociedad civil y que tiene a María Corina Machado como una de las figuras más prominentes de la organización.
Fundada en el contexto del intento de golpe de Estado en 2002 contra el presidente Hugo Chávez, SÚMATE ha recibido financiamiento significativo de la NED y otras entidades estadounidenses para promover agendas políticas que desafían al gobierno venezolano.
Recientemente, la Fiscalía General del país caribeño relacionó el intento de alterar los resultados del CNE con la realización de las primarias de un sector de la oposición en octubre de 2023.
Según aporta la entidad investigativa, estos comicios fueron organizados por SUMATE sin mecanismos de verificación, ni auditoría. Además, la Fiscalía señala que pese a que no participaron más de 350 mil personas, desde la ONG señalaron que la participación había sido de 2,4 millones de personas.
Sobre las actas opositoras
La presidenta de la Sala Electoral también se refirió a las presuntas actas de escrutinio en la página web www.resultadospresidencialesvenezuela2024.com.
Sobre ese particular, la magistrada señaló que los miembros de la coalición opositora consultados afirmaron al tribunal desconocer quién las publicó.
Dicha acción que actualmente está siendo investigada por el Ministerio Público para determinar las responsabilidades relacionadas con la presunta comisión de los delitos: usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración, debido a la zozobra causada en la población.
Las actas presentadas en esa plataforma web por la oposición de extrema derecha venezolana, encabezada por Edmundo González y María Corina Machado, han sido denunciadas como falsas debido a varias irregularidades señaladas por Jorge Rodríguez, Presidente de la Asamblea Nacional.
Estas irregularidades incluyen la falta de firmas de miembros de mesa, testigos y operadores de máquinas en las actas, lo cual invalida su autenticidad.
Además, las actas presentadas solo cubren un 31% del total, lo que indica una representación parcial y manipulada. Rodríguez también señaló que los resultados presentados en estas actas son matemáticamente imposibles, mostrando porcentajes idénticos en todas las regiones del país, lo cual contradice las tendencias históricas y demográficas.
Finalmente, la plataforma web utilizada para publicar estas actas fue construida sobre un Registro Electoral Permanente (REP) desactualizado o falso, lo que refuerza la acusación de que se trata de una estructura fabricada para deslegitimar las elecciones y proclamar ilegalmente a González como «presidente electo».
El recurso contencioso
El 31 de julio pasado, el candidato reelecto Nicolás Maduro presentó ante la Justicia un recurso contencioso, es decir, una solicitud de investigar el accionar de la Administración Pública, para que se investigue y transparente todo lo ocurrido durante la jornada electoral del 28 de julio.
Según el Consejo Nacional Electoral, tras los comicios se obstaculizó de manera cibernética la trasmisión de los resultados con el presunto objetivo de generar un escenario de incertidumbre mediante el cual al ser deslegitimada la entidad electoral.
La Justicia venezolana deberá determinar si este hecho, junto a la publicación de una página web no oficial más de 9.000 supuestas actas electorales con numerosas inconsistencias, obedeció a una estrategia de la ultraderecha venezolana y Estados Unidos, como marca el Ejecutivo.
La denuncia del Gobierno Bolivariano señala que a través de esta maniobra, los líderes opositores presentaron como candidato ganador a Edmundo González Urrutia con el objetivo de generar un proceso desestabilizador conducente a un golpe de Estado.
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