Tegucigalpa, Honduras (06.05.2025).- La Cámara de Representantes de Colorado, de mayoría demócrata, aprobó este lunes la ley SB25-276, una medida que amplía las protecciones estatales para los inmigrantes y restringe aún más la cooperación entre las autoridades locales y las agencias federales de inmigración, desafiando directamente la línea política del expresidente Donald Trump.
La iniciativa, promovida por la senadora Julie Gonzales y la representante Lorena García, ambas del Partido Demócrata, ha sido enviada al despacho del gobernador Jared Polis, quien ya ha anunciado su intención de firmarla.
La nueva legislación, denominada Protección de los Derechos Civiles por Estado Inmigratorio, modifica la ley estatal de 2013 sobre Seguridad Vial y Comunitaria que permite a personas indocumentadas acceder a licencias de conducir.
Entre sus principales cambios, elimina la exigencia de una declaración jurada sobre la elegibilidad migratoria para obtener documentos de identidad y prohíbe que una persona siga detenida únicamente por su estatus migratorio.
Además, impide a las agencias del orden público, tanto locales como de otros estados, realizar detenciones en Colorado basadas únicamente en la falta de documentos de inmigración.
También se les prohíbe celebrar contratos con agencias federales como el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), incluso si estos acuerdos no implican compensación económica.
Uno de los puntos más destacados de la SB25-276 es que permite a inmigrantes indocumentados solicitar la anulación de declaraciones de culpabilidad en casos menores si no recibieron la asesoría legal adecuada sobre las consecuencias migratorias.
“Colorado es más fuerte cuando todos podemos contribuir a nuestra economía sin temor”, expresó la representante Elizabeth Velasco en un comunicado. “Estamos tomando medidas para fortalecer nuestras leyes de privacidad y reafirmar el debido proceso para todos, independientemente de su estatus migratorio”.
La ley subraya que la cooperación con autoridades federales se mantendrá en casos relacionados con delitos federales o cuando existan órdenes judiciales.
Esta legislación surge en un contexto de tensión con el gobierno federal. El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó recientemente una demanda contra Colorado por sus políticas “santuario”, argumentando —sin pruebas concluyentes— que estas habrían permitido a la pandilla venezolana Tren de Aragua tomar control de edificios en Aurora.
Funcionarios estatales y locales, incluido el alcalde de esa ciudad, Mike Coffman, han negado estas acusaciones.
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