Tegucigalpa, Honduras (08.04.2025).- La Fiscalía General de Costa Rica presentó este lunes una acusación formal contra el presidente Rodrigo Chaves por el presunto delito de concusión, relacionado con la contratación de servicios de comunicación para la Presidencia de la República, financiados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Según el fiscal general Carlo Díaz, quien presentó el caso ante la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia, se investigó una contratación supuestamente “a la medida” para la empresa RMC La Productora S.A., que habría prestado servicios de mercadeo, consultoría, análisis de opinión y producción de mensajes para el Gobierno durante el período 2022-2026.
La acusación incluye al actual ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez, quien fungía como jefe de despacho de Chaves en ese momento, y a Federico Cruz Saravanja, exasesor de campaña y amigo del presidente. Este último habría recibido un beneficio patrimonial indebido de 32 mil dólares, según la Fiscalía.
El caso se centra en la figura del empresario Cristian Bulgarelli, propietario de RMC, quien habría redactado los términos de referencia de su propio contrato por instrucciones de funcionarios del Ejecutivo en reuniones en Casa Presidencial. La adjudicación se realizó por unos 405 mil dólares.
Bulgarelli recibió un criterio de oportunidad, por lo que la persecución penal en su contra está suspendida mientras colabore eficazmente con la investigación. No obstante, si no cumple con esa cooperación, el proceso se retomará.
El BCIE sancionó en junio de 2024 a Bulgarelli y su empresa con un veto de siete años por incurrir en prácticas de fraude y colusión. El escándalo estalló en diciembre de 2023 tras una serie de publicaciones del diario La Nación, basadas en audios entregados por la exministra de Comunicación, Patricia Navarro, quien grabó reuniones internas como prueba de posibles irregularidades.
El Gobierno de Chaves ha señalado a Navarro como responsable de la contratación y ha presentado denuncias penales contra ella y contra el diario La Nación por la divulgación de los audios, a los que considera obtenidos y difundidos de forma ilegal.
La Corte Suprema deberá decidir si remite el caso a la Asamblea Legislativa, que tendría que debatir el levantamiento de la inmunidad del presidente para que enfrente la justicia.
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