Tegucigalpa, Honduras (06.02.2025).- En un acto solemne, el Estado de Honduras reconoció este jueves su responsabilidad internacional en la destitución arbitraria de magistrados en 2012, un hecho que vulneró derechos humanos y la independencia judicial.
La ceremonia contó con la presencia de la designada presidencial Doris Gutiérrez, el titular del Poder Legislativo Luis Redondo, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia Rebeca Ráquel Obando, la secretaria de Derechos Humanos Angélica Álvarez, el procurador general de la República Manuel Díaz Galeas, así como funcionarios, magistrados y miembros del cuerpo diplomático.
La secretaria de Derechos Humanos, Angélica Álvarez, destacó la importancia del reconocimiento por parte del Estado:
«Este es un acto significativo y solemne para Honduras. Extiendo un saludo a las víctimas y sus familias, quienes han enfrentado con fortaleza las consecuencias de la destitución arbitraria de magistrados en 2012, lo que consolidó lo que Honduras y el mundo conoció como la narcodictadura, un régimen que puso la institucionalidad del Estado al servicio del narcotráfico. Reafirmamos nuestra posición en trabajar por un sistema de justicia verdaderamente independiente”, expresó Álvarez.
Por su parte, el procurador general de la República, Manuel Díaz Galeas, detalló el proceso legal del caso, desde su admisión en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2018 hasta la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 29 de noviembre de 2023, que declaró al Estado hondureño responsable de la violación de los derechos políticos y judiciales de José Antonio Gutiérrez Navas, Gustavo Bustillo Palma, José Francisco Ruiz Gaekel y Rosalinda Cruz Sequeira.
«Este acto es parte de las medidas establecidas por la Corte Interamericana, incluyendo el proceso de pago de indemnizaciones a las víctimas por los daños materiales sufridos. Es una prioridad del Estado cumplir con los compromisos emitidos por la Corte”, afirmó Díaz Galeas.
En tanto, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Ráquel Obando, subrayó los esfuerzos para reestructurar el Poder Judicial y saldar la deuda histórica con la ciudadanía.
También abordó interrogantes sobre la intervención en el circuito judicial de criminalidad organizada y corrupción, asegurando que se sigue trabajando en la evaluación de jueces y cortes de apelaciones.
El reconocimiento de responsabilidad internacional representa un paso clave en la búsqueda de justicia y el compromiso del actual Gobierno con el fortalecimiento del Estado de derecho en Honduras.
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