Tegucigalpa, Honduras (22.10.2023). – El Encuentro de Palenque, México, bajo el lema “Por una vecindad fraterna y en busca del bienestar” concluyó hoy con una declaración conjunta que rechazó las medidas coercitivas unilaterales a países de la región, la promesa de respetar el derecho humano a migrar y la petición de más alternativas legales para los migrantes.
El documento fue firmado por la Presidenta de Honduras, Xiomara Castro y los jefes de Estado de México, Colombia, Cuba, Haití y Venezuela, el vicepresidente de El Salvador y el viceprimer ministro de Belice, así como ministros y cancilleres de Costa Rica, Ecuador, Guatemala y Panamá.
La reunión en Palenque, Chiapas, fue convocada por el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, donde participaron con otros 11 países latinoamericanos.
El documento señala:
Con objeto de construir soluciones integrales ante el aumento de los flujos migratorios y regulares que experimentan en nuestros países y conscientes de que:
Primero: las principales causas estructurales de la migración son de origen político, económico, social y los efectos negativos del cambio climático.
Segundo: factores externos como las medidas coercitivas unilaterales de manera de naturaleza indiscriminada afectan negativamente a poblaciones enteras y en mayor medida a las personas y comunidades más vulnerables.
Tercero: enfrentar conjuntamente la realidad migratoria bajo el enfoque de derechos humanos priorizando en todo momento el bienestar de nuestros pueblos requiere de responsabilidad compartida y cooperación para lograr resultados a partir de abordar las causas estructurales y los flujos migratorios, los cuales deben ser gestionados conjuntamente entre los países de origen, tránsito, destino y retorno.
A la luz del anterior acordamos:
Primero: elaborar un plan de acción para el desarrollo basado en los objetivos prioritarios y entendiendo las realidades de cada país para atender las causas estructurales de la migración irregular en la región.
En este sentido, se acordaron las siguientes áreas prioritarias:
- Autosuficiencia y soberanía alimentaria con la recuperación del sector agrícola.
- Protección, conservación y restauración del medio ambiente.
- Empleo digno, educación y desarrollo de capacidades técnicas y tecnológicas.
- Seguridad energética incluyendo energías renovables y avance hacia la descarbonización.
- Autosuficiencia sanitaria.
- Comercio e inversión intrarregional para el desarrollo socioeconómico
- Combate al crimen organizado transnacional al tráfico de personas, la corrupción fomentando la cooperación en seguridad.
Para tal efecto, México pondrá a disposición inmediata a los países aquí reunidos su oferta de cooperación y asistencia técnica respecto a estas áreas a través de los siguientes programas:
Sembrando vida, jóvenes construyendo el futuro, cooperación en materia de petróleo, gas, electricidad y energías renovables, la plataforma de armonización regulatoria de cara a la creación de una agencia de medicamentos de América Latina y el Caribe.
Segundo: fomentar el comercio intrarregional de bienes y servicios de subsistencia básica, promoviendo preferencias arancelarias, el establecimiento de cuotas y la eliminación de barreras no arancelarias.
Tercero: Instar a que se levanten las medidas coercitivas unilaterales impuestas a países de la región en tanto son contrarias a derecho internacional y tienen graves repercusiones más allá de los países objetivo.
Cuarto: exhortar a que los países de origen, tránsito y destino implementen políticas migratorias integrales que respeten el derecho humano a migrar, resguardando la vida y dignidad de las personas migrantes y sus familiares e incluyendo la promoción de opciones de regularización permanente, que permitan potenciar las contribuciones de las diásporas en sus comunidades de origen y destino.
Quinto, hacer un llamado a que los países de destino adopten políticas y prácticas migratorias acordes con la realidad actual de nuestra región y abandonen aquellas inconsistentes y selectivas para evitar producir arbitrariamente tanto efectos llamadas como efectos disuasivos, tales como la regularización de ciertas nacionalidades.
Sexto: contribuir decididamente conforme a las capacidades de cada país a apoyar a la República de Haití en sus esfuerzos junto con la comunidad internacional y las Naciones Unidas en particular, a fin de restablecer un entorno de seguridad humana para la normalización de la situación política, económica y social con un enfoque de desarrollo sostenible.
Séptimo: proponer esfuerzos coordinados para replantear la arquitectura financiera internacional de la deuda soberana a fin de permitir a los países, particularmente los de ingreso medio, alcanzar mayores niveles de desarrollo, cerrar las brechas sociales y reducir la intención de migrar, tales como el cambio de deuda universal por autosuficiencia alimentaria, servicios ambientales y acción climática.
Octavo: solicitar a los países de destino la ampliación de las vías regulares, ordenadas y seguras de migración, con especial énfasis en la movilidad laboral y promover la reintegración y el retorno de los trabajadores temporales.
Noveno: instar a un diálogo integral sobre las relaciones bilaterales entre los países de origen, tránsito, destino y retorno.
Décimo: fortalecer el trabajo coordinado con los organismos internacionales para atender a las personas encuentren en necesidades especiales de protección en su trayecto de movilidad humana priorizando mujeres, niñas y niños.
Onceavo: profundizar las relaciones de cooperación sur, sur y triangular en la región encaminadas a fortalecer las políticas migratorias con un enfoque de derechos humanos con miras a un tránsito seguro, protegiendo a las personas frente a actividades ilícitas.
Doce: Continuar el diálogo franco y al más alto nivel sobre estos asuntos y acuerdos a través de un grupo de trabajo a cargo de las cancillerías con miras a la implementación de soluciones con una estrategia de intercambio de información y de acuerdo en la legislación de cada país.
Trece: Vincular estos acuerdos con el encuentro de alto nivel sobre migración y desarrollo en América Latina y el Caribe, propuesto por Colombia y México, que integre los mecanismos regionales y subregionales a realizarse el primer trimestre de 2024.
Los jefes de Estado y de Gobierno acordaron agregar un adicional: proponer a los gobiernos de Cuba y Estados Unidos a sostener en el menor tiempo posible un diálogo integral sobre sus relaciones bilaterales.
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