Tegucigalpa, Honduras (28.06.2024).- La directora del Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), Berta Oliva, durante su participación en la conmemoración del decimoquinto aniversario del golpe de Estado del 2009, presentó una declaratoria por parte de varios países donde condenan, exigen justicia y denuncian casos de violación de derechos humanos contra los pueblos de América Latina.
La representante del Cofadeh, se refirió inicialmente al fatídico golpe de Estado que sufrió el expresidente Manuel Zelaya Rosales en el 2009.
«Hace 15 años a esta hora, el pueblo no estaba en sus casas, no estaba en este lugar, estábamos en las calles queriendo saber el destino de nuestro Presidente Manuel Zelaya Rosales y por eso estoy convencida que cuando un pueblo decide su vida, decide su destino, es como un tsunami, ni las fuerzas militares, ni las bombas lacrimógenas, ni las tanquetas militares detuvieron a este pueblo», declaró.
Posterior a eso, anunció la existencia de una proclama donde Chile, Argentina, México Guatemala, EI Salvador y Honduras, condenan y exigen justicia sobre casos de violación de los derechos humanos e injusticias contra los pueblos latinos.
Cabe destacar, que el documento se presentó ante la Presidenta Constitucional de la República Xiomara Castro; y el coordinador del Partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya Rosales.
«El día 26 de junio las organizaciones firmantes reunidas en el marco de la Celac (Comunidad de Estados Latinos y Caribeños) Social 2024, hemos realizado el conversatorio Derechos Humanos: Avances, Desafíos y Aportes desde una Mirada Integracionista Organizada, este espacio por el Cofadeh, en el marco de la conmemoración del golpe de Estado 2009 y el Día Internacional Contra la Tortura, nos declaramos y pronunciamos lo siguiente:
Primero: Las fuerzas militares están para la defensa de la soberanía de los pueblos y no para reprimirlos bajo el supuesto combate contra la delincuencia y las denominadas nuevas amenazas.
Segundo: Condenamos la utilización facciosa del combate al terrorismo contra la autodeterminación de los pueblos y sus modelos de democracia.
Tercero: Hacemos el llamado a la reducción del excesivo gasto militar de los países y exhortamos su reasignación para el fortalecimiento de la cooperación del desarrollo en educación, salud, arte y cultura.
Cuarto: Exhortamos la salida de las bases militares de Estados Unidos de América Latina y el Caribe; y requerimos desmantelar la base militar en Palmerola aquí en Honduras, una vez más.
Quinto: Solicitamos la eliminación de los Estados de excepción que violan los derechos humanos de la población.
Sexto: Demandamos el enjuiciamiento por tribunales comunes de los militares que andan ahorita negociando para ser candidatos presidenciables aquí y en América Latina, pero también para los agentes de seguridad y civiles que hayan violentado y violentan el orden constitucional e institucional.
Séptimo: Exhortamos que se apruebe por parte del Congreso Nacional de la República de Honduras la Ley de Víctimas de la Doctrina de Seguridad Nacional presentada por el Cofadeh y que se implementa de manera eficiente y pronto para dar respuesta.
Octavo: Manifestamos nuestra preocupación frente al retroceso en materia de desaparición forzada en Honduras y decimos esto porque sabemos quiénes la hacen y por qué la hacen, para debilitar este proyecto y el Gobierno de la Presidenta, lo sabemos y estos casos recientes que han tenido como víctimas a grupos de jóvenes de parte del crimen organizado, exhortamos al gobierno y al poder judicial a investigar estos casos con celeridad y eficacia.
Noveno: Denunciamos el retroceso histórico de memoria y justicia que está ejecutando el Gobierno de Nayib Bukele en El Salvador, que desconoce los sucesos graves de violaciones a derechos humanos del pasado reciente para no señalar a los culpables mientras se encarcela masivamente a grupos de personas violentando sus garantías legales.
Decimo: Deploramos que Israel se niegue a extraditar a Tomás de Lucio, uno de los principales responsables del desaparecimiento forzado de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en México, así como de José Ulises Bernabé García juez de Barandilla, que entregó a los estudiantes a grupos que los desaparecieron sin recibir absolutamente nada de piedad.
Onceavo: Manifestamos la necesidad imperiosa que la comisión de la verdad y esclarecimiento histórico de los sucesos de graves violaciones de los derechos humanos de la década 1965-1990 México, aclare lo sucedido en el país en ese periodo histórico en el marco de la denominada lucha contra la insurgencia y esclarezca el paradero de los detenidos, desaparecidos aportando información clave para que el Estado mexicano lleve a juicio a los responsables.
Doceavo: Denunciamos las regresiones en Argentina, un país que ha sido foro en la región y en el mundo en materia de memoria verdad y justicia y que hoy sufre desmantelamiento de políticas y desfinanciamiento de los programas.
Treceavo: Repudiamos la reiteración del discurso negacionista, relativista y de reivindicación del pasado autoritario, los golpes de Estado y las graves violaciones de los derechos humanos ocurridos en el contexto de la coyuntura y conflictos armados internos en el pasado reciente de nuestra región. Al mismo tiempo la creciente criminalización y estigmatización de los colectivos sociales y de derechos humanos que denuncian esas atrocidades que encabezan lucha por memoria verdad y justicia en la región.
Catorceavo: Consideramos de relevancia destacar la memoria de las luchas y los procesos sociales de resistencia y construcción democrática que hemos impulsado en América Latina, para sostener la relevancia de estas experiencias colectivas como memoria de las capacidades y las victorias de los pueblos y los mecanismos para prevenir la represión y así lograr la no repetición de los crímenes de lesa humanidad.
Quinceavo: Repudiamos en último intento del golpe de estado o por lo menos que se investigue qué fue lo que pasó en estos días en Bolivia», puntualizó.
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