Tegucigalpa, Honduras (10.10.2023). – Las autoridades de la comisión interventora del Instituto Nacional Penitenciario (INP), Defensa Pública y de los Juzgados de Ejecución de San Pedro Sula, Cortés, sostuvieron una reunión para crear mecanismos legales que garanticen el acceso a la justicia de la población penitenciaria de Honduras.
Durante la reunión, se recalcó la importancia de utilizar las herramientas tecnológicas a través de los Juzgados Móviles, habilitados para realizar audiencias virtuales.
Esta medida garantiza el derecho de acceso a la justicia de las personas privadas de libertad, quienes podrán ser entrevistados e informados sobre la condición jurídica de sus casos y explicarles las posibilidades de los beneficios a los que podría optar.
El INP y Poder Judicial son los garantes del respeto a la defensa, siendo éste un derecho reconocido por la Constitución de la República.
Estos mecanismos se deben utilizar al máximo para llevar el acceso de justicia a todos los lugares del país y más a los entes encargados de impartir justicia, indicaron las autoridades.
Por su parte, el titular de la comisión interventora del INP, Ramiro Fernando Muñoz, pidió a los funcionarios judiciales utilizar los mecanismos virtuales para garantizar el derecho de acceso a la justicia y agilización para determinar la condición jurídica de las personas privadas de libertad.
Convenio
El pasado 2 de agosto, el INP y el Poder Judicial firmaron un convenio interinstitucional con la finalidad de garantizar el acceso a la justicia de las personas privadas de libertad, resolver la situación jurídica de la población procesada y en relación a los condenados, establecer a qué tipo de beneficio pueden optar, entre otras.
En tres meses, las autoridades penitenciarias han realizado distintas alianzas estratégicas en beneficio de la población penitenciaria del país.
La firma de dicho convenio que conlleva las medidas de seguridad siguientes: evitar y prevenir planes de fugas, rescates o atentado, asimismo de ahorro.
Además, no se debe utilizar gran logística para movilizarse hacia otra ciudad, ya que las salas para audiencias virtuales están habilitadas en el mismo perímetro de los centros penitenciarios.
De interés
Como parte del convenio, equipos interinstitucionales del INP y Poder Judicial revisan los expedientes de las personas privadas de libertad, a nivel nacional para identificar a los que podrían gozar de distintos beneficios y programar audiencias para esclarecer su condición jurídica, entre otras acciones legales.
