C8Noticias (26.09.2023).- Este martes se cumplen 9 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa.
En todo este tiempo transcurrido, el Estado Mexicano no ha logrado ninguna condena, mientras que el ejército, considerado pieza clave para esclarecer lo que sucedió, sigue sin entregar la información completa que le solicitan tanto los padres de los jóvenes como los abogados encargados del caso.
Cabe precisar que, en su sexto y último informe entregado en julio de este año, los expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designados en el 2014 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mostraron su frustración por la falta de voluntad de las Fuerzas Armadas para cooperar en el esclarecimiento del crimen.
El GIEI dijo que resultaba “imposible” seguir adelante con su labor porque los militares se negaban a entregar información sensible y dio por terminada su misión.
Entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014, un total de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa desaparecieron en Iguala, en el estado mexicano de Guerrero.
Ellos habían llegado a esa ciudad para tomar por la fuerza autobuses con los que pretendían viajar a la Ciudad de México con el fin de participar en una manifestación, algo que hacían todos los años.
El panel de investigadores de la CIDH llegó a México en el año 2015 y su trabajo fue clave para echar por tierra la inicial versión oficial del Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, conocida como “la verdad histórica”, que solo culpaba a policías locales coludidos con el crimen organizado por la desaparición de los 43 estudiantes y que sostenía que sus restos habían sido quemados en el basurero de Cocula.
Pero de acuerdo con el informe de julio de este año, los últimos hallazgos incluyen un nuevo análisis técnico de datos de teléfonos celulares y documentos que ubicaron a varios miembros de las Fuerzas Armadas en sitios relacionados con el ataque a los estudiantes mientras estaba ocurriendo, en lugares y momentos que nunca habían mencionado en sus testimonios.
El análisis técnico reveló un flujo constante de comunicación que llegaba a los niveles más altos de las Fuerzas Armadas de la región de Guerrero, de acuerdo con la investigación. Los soldados mexicanos no solo sabían sino que probablemente fueron testigos de los tiroteos, las detenciones y la violencia “segundo a segundo”, dijo en julio Ángela Buitrago, abogada colombiana e investigadora del GIEI.
La Comisión de la Verdad del Gobierno de México concluyó el año pasado que el Caso Ayotzinapa fue un “crimen de Estado” en el que participaron autoridades de todos los niveles, incluyendo las Fuerzas Armadas.
En informes anteriores, el mismo GIEI había dicho que el ejército tenía conocimiento en tiempo real sobre el ataque, pero no compartió esa información con las autoridades y luego obstruyó deliberadamente la investigación.
Los investigadores también obtuvieron un documento confidencial de la Marina que indica que dos personas habían muerto mientras estaban detenidas por los soldados.
