El Congreso Nacional de Honduras aprobó el miércoles 6 de mayo, en primer debate, una reforma al Código Penal que busca imponer cadena perpetua para quienes cometan el delito de extorsión, una medida que marca un endurecimiento sin precedentes en la lucha contra las maras y pandillas.
La iniciativa surge en medio del creciente temor de transportistas, comerciantes y pequeños emprendedores que durante años han denunciado ser víctimas del llamado “impuesto de guerra”, una práctica criminal que ha dejado pérdidas económicas, cierre de negocios y numerosas muertes en el país.
Diputados de diversas bancadas coincidieron en que las actuales penas no han sido suficientes para frenar la violencia asociada a la extorsión, por lo que consideran urgente aplicar castigos más severos para desarticular las estructuras criminales que operan en los 18 departamentos de Honduras.
El decreto señala que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad estará a cargo de diseñar y rectorar la política criminal en contra de las asociaciones terroristas y de las estructuras criminales.
Una reforma impulsada por extorsión
La discusión legislativa se desarrolló en un ambiente marcado por la presión ciudadana y las constantes denuncias de víctimas que aseguran vivir bajo amenazas permanentes.
Durante la sesión, varios congresistas argumentaron que la extorsión se ha convertido en uno de los delitos más destructivos para la economía nacional, afectando especialmente a sectores vulnerables que diariamente deben pagar cuotas ilegales para poder trabajar.
La reforma contempla modificaciones al Código Penal y al Código Procesal Penal, específicamente al Decreto 130-2017, con el objetivo de establecer penas más duras contra quienes participen en redes de cobro ilegal.
Según lo planteado en el Congreso, la cadena perpetua podría aplicarse en casos agravados relacionados con reincidencia, utilización de menores de edad o adultos mayores para cometer el delito, así como situaciones donde la extorsión provoque el cierre de empresas o negocios familiares.
El impacto de la extorsión
La extorsión ha sido catalogada por diversos sectores como una de las principales causas de quiebra de pequeños negocios en Honduras.
Conductores del transporte público, dueños de pulperías, mercados y emprendedores han denunciado durante años amenazas, persecución y asesinatos vinculados al incumplimiento de pagos exigidos por estructuras criminales.
En ciudades como Tegucigalpa y San Pedro Sula, el fenómeno ha generado temor constante entre la población, obligando incluso a muchos ciudadanos a abandonar sus actividades económicas por falta de garantías de seguridad.
Según lo discutido en el pleno, consideran que el fortalecimiento de las penas podría funcionar como un mecanismo de disuasión ante la creciente violencia asociada a la extorsión
Sin embargo, especialistas en seguridad sostienen que el problema también requiere fortalecer la investigación criminal, el sistema judicial y las capacidades de inteligencia financiera para rastrear el dinero proveniente de estas actividades ilícitas.
Pese a la aprobación en primer debate, la reforma todavía no entra en vigencia. El proyecto deberá superar un segundo y tercer debate en el Congreso Nacional antes de ser enviado al Poder Ejecutivo para su sanción.
Posteriormente, la normativa tendrá que publicarse en el Diario Oficial La Gaceta para convertirse oficialmente en ley de la República.
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