Tegucigalpa, Honduras (26.07.2023).– El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rafael Sarmiento, informó este miércoles que en la sesión del Congreso Nacional (CN), se discutirá en su tercer y último debate el proyecto de Ley de Protección a los Usuarios de las Telecomunicaciones.
El también presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso del Pueblo, detalló que la Ley busca regular la venta de chips de celulares, con el objetivo de frenar las extorsiones, finalidad que ha sido tergiversada.
Además, señaló que los únicos que deben oponerse a su aprobación deben ser los extorsionadores o los que cometen delitos en contra de la población.
«La Ley de Protección a los Usuarios de las Telecomunicaciones, se ha tergiversado. Los únicos que pueden tener temor por la aprobación de esta ley son los que están cometiendo delito de extorsión», agregó Sarmiento.
Cabe mencionar que, la iniciativa de Ley para la Protección de los Usuarios de las Telecomunicaciones, busca combatir la extorsión y los delitos conexos.
El espíritu de la Ley es que todo hondureño que tenga un celular posea un registro de cómo adquirió su tarjeta o SIM y número de teléfono móvil.
Surgimiento de la iniciativa
En el año 2022 las extorsiones en Honduras
se incrementaron en un 153 % en comparación al año 2021, alcanzando el segundo registro más alto de la década con 1,824 denuncias, solo por debajo del registrado en 2013 con 1,929 denuncias, por lo que las autoridades han actuado oportunamente para combatir este flagelo.
Entre estas acciones iniciales se encuentra la ordenanza de la Presidenta Xiomara Castro de intervenir inmediatamente los centros penitenciarios, poniendo en marcha la Operación Fe y Esperanza, ya que desde estos recintos se realizaban muchas llamadas extorsivas.
Pese a estos esfuerzos, se evidenció la necesidad de mantener un registro del uso de las telecomunicaciones para reforzar las demás operaciones de seguridad.
Operando con total libertad
Honduras es un país con escasa regulación en la venta de tarjeraas SIM, ya que no se realiza una validación fehaciente de quien las adquiere.
Lo anterior, permite a las estructuras criminales dedicadas a delitos como la extorsión tener a su disposición líneas telefónicas para cometer actos ilícitos.
Privacidad
Algunos de los mitos que gan surgido entorno a este proyecto de ley es que se escucharán las conversaciones de los usuarios y se perderá la privacidad.
Las autoridades hondureñas han indicado que esto es falso, si bien es cierto los operadores de telefonía estarán obligados a
proporcionar información de los registros de las comunicaciones, esto se realizará en el marco de una investigación por la comisión de un delito.
Es decir, no se escucharán tus conversaciones, esto será posible solo mediante una denuncia que indique que tu número de celular está siendo utilizado para concertar actos delictivos.
Entre las novedades que traerá a los usuarios la aprobación de la Ley están:
-Se crea la Base de Datos Nacional de Usuarios de Telefonía que obliga a los operadores a registrar la venta y activación del SIM para su utilización con su correspondiente número telefónico asociado, en cualquiera de sus modalidades de prepago o postpago.
-Validación biométrica del rostro o huella dactilar como requisito para identificar plenamente al usuario o suscriptor del SIM.
-Si tu teléfono móvil es robado, hurtado o extraviado podrás bloquear inmediatamente el uso y operación en red del teléfono que esté vinculado o asociado al SIM.
-Queda prohibida la adulteración del IMEI o el cambio de placa en los equipos terminales reportados como robados, hurtados o extraviado.
La aprobación de esta Ley no solo garantiza la inmediatez en el proceso investigativo que es crucial ante la vulneración de un derecho tan importante como la seguridad, es cierto que nuestra constitución garantiza el secreto de las comunicaciones y este prevalecerá siempre y cuando no se vulnere la seguridad de la población.
La Constitución de la República, en el Artículo 62 establece: “Los derechos de cada hombre están limitados por los derechos de los demás, por la SEGURIDAD DE TODOS y por las justas exigencias del bienestar general y
del desenvolvimiento democrático”.
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