Tegucigalpa, Honduras (11.07.2023).- En los últimos años, la Policía Nacional ha enfrentado acciones delictivas de las maras y pandillas que han generado preocupación en la población. Ante esta situación, el Gobierno implementa medidas extraordinarias, como el estado de excepción parcial, con el objetivo de proteger a los ciudadanos y garantizar la seguridad en el país.
El estado de excepción es ejecutado por el Gobierno en situaciones especiales como medida que permite al estado tomar acciones más firmes y enérgicas para hacer frente a situaciones de crisis en donde ahora en ciertos municipios no se cuenta con la emisión de ordenes de allanamiento necesarias para ingresar a las guaridas de los delincuentes.
Una de las principales críticas hacia esta medida es el conflicto entre limitar los derechos y libertades de la población y el de incrementar la seguridad ciudadana.
Sin embargo, en Honduras esto está lejos de la verdad debido a que como lo ha dicho el secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez Velásquez, está implementación solo afecta al 1 % de la población y precisamente al delincuente.
Es importante destacar que, estas medidas se aplican en situaciones extremas, en las que la seguridad y el bienestar de la población están en riesgo.
Si bien es necesario encontrar un equilibrio, este se convierte en un falso conflicto cuando se discute el interés de salvaguardar los derechos constitucionales de los delincuentes o el de garantizar protección y la vida de los ciudadanos honestos.
Desde el 6 de diciembre del año pasado esta medida ha tenido un impacto significativo en la lucha contra las maras y pandillas, responsables de gran parte de la violencia convertida en algunos casos hasta en terrorismo.
En este caso, el estado de excepción parcial ha permitido una mayor coordinación entre las fuerzas de seguridad y ha generado resultados positivos, como una reducción comparativa de homicidios y una disminución en los niveles de criminalidad.
El éxito de la estrategia se mide en términos de vidas salvadas y no en el número de extorsionadoras procesados con el actual Código garantista.
Cada allanamiento exitoso y cada homicidio evitado son logros significativos que demuestran la efectividad de estas medidas extraordinarias.
La supervisión personal de las operaciones en la zona norte por parte del titular de la Secretaría de Seguridad, la implementación de la Operación Candado Litoral Atlántico, así como, el toque de queda en Choloma y la ciudad de San Pedro Sula, ha demostrado su eficacia en el control de la delincuencia sin afectar negativamente la economía de la zona.
Esto indica que es posible lograr un equilibrio entre la seguridad y el desarrollo económico, garantizando un ambiente de paz, fomentando la inversión, el crecimiento y a la vez velando por los derechos humanos de los mareros y pandilleros, aunque estos hayan violado el único derecho que es prácticamente irreversible al quitarle la vida a personas inocentes.
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