Tegucigalpa, Honduras (20.06.2023). – La Secretaría de Derechos Humanos (Sedh), dirigida por la ministra Natalie Roque, brinda a las víctimas de amenazas las medidas de asistencia y resguardo mediante el Sistema Nacional de Protección (SNP).
Este sistema pretende dar de forma oportuna la seguridad a los hondureños mencionados en la ley que sufran cualquier tipo de atentado o amenaza contra su vida, ya sea pública o de forma privada.
Por lo tanto, bajo el decreto N° 34-2015 publicado en el Diario Oficial La Gaceta, se estipulan los procedimientos a seguir para activar los protocolos de resguardo.
Según el referido decreto los profesionales que son más vulnerables y a los que aplica esta protección son: defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia.
Además, se detalla que el SNP se creo en 2015, donde se establece la política de protección, compartiendo responsabilidades en las diferentes esferas administrativas.
¿Cómo Ingresar al sistema?
La Sedh establece mediante su página oficial los contactos oficiales y de emergencia donde los profesionales pueden acudir de manera inmediata.
Agregado a esto, la secretaría subraya: “La información que proporcione es confidencial, y debe estar enmarcada en lo establecido en los artículos 1, 2 y 43 de la referida Ley”.
En ese sentido, Sedh pone a disposición el número de télefono: +504 9874-8595.
Además, los hondureños pueden ponerse en contacto con las autoridades al correo electrónico: recepcioncasosdgsp@gmail.com.
Puede conocer más sobre el tema puede ingresar al siguiente link: Ley de protección para las y los defensores de derechos humanos, periodistas comunicadores. (CLICK AQUÍ).
Datos del Sistema Nacional de Protección
Para el presente año el SNP tenía un total de 183 casos activos, de los cuales 31 eran de periodistas y comunicadores sociales, incluidos los casos de los trabajadoras y trabajadores de emisoras de radio y televisión.
Asimismo, la ley obliga al Estado a reaccionar frente a agresiones, enfrentar las causas de los riesgos e implementar medidas preventivas y de combate a la impunidad.
Por: Oscar Benavidez
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