La Procuraduría General de la República (PGR) informó a la ciudadanía hondureña y a las personas naturales o jurídicas que mantienen demandas contra el Estado que la adhesión a los mecanismos establecidos en la Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano (Decreto No. 17-2026) es de carácter estrictamente voluntario.
La institución enfatizó que acogerse a esta normativa constituye una facultad legal y no una obligación para las partes involucradas en procesos legales contra el Estado.
Mecanismos buscan soluciones conciliadas y mayor eficiencia procesal
De acuerdo con el comunicado oficial, estos mecanismos han sido diseñados con el propósito de promover soluciones conciliadas entre las partes, en estricto apego a la legalidad vigente.
La PGR señaló que la implementación de estas herramientas busca contribuir a una mayor eficiencia procesal, reducir la carga de litigios y fortalecer la seguridad jurídica en el país.
Respeto a derechos y uso responsable de recursos públicos
Asimismo, la institución subrayó que la decisión de acogerse a los beneficios contemplados en la ley corresponde exclusivamente a la voluntad de las partes, garantizando en todo momento el respeto a sus derechos y garantías legales.
En ese sentido, reiteró que ninguna persona natural o jurídica está obligada a someterse a estos mecanismos si no lo considera conveniente.
La Procuraduría también destacó que la Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano promueve un uso responsable de los recursos públicos, al facilitar acuerdos que eviten procesos judiciales prolongados y costosos para el Estado.
Finalmente, la PGR reafirmó su compromiso con la defensa del interés público y el cumplimiento del ordenamiento jurídico nacional, asegurando que continuará actuando conforme a la ley en todos los procesos en los que el Estado sea parte.