Tegucigalpa, Honduras (13.03.2023).- A criterio del ministro director del Servicio de Administración de Rentas (SAR), Marlon Ochoa, Honduras podría convertirse en un paraíso fiscal formalmente declarado, si el Gobierno de la Presidenta Xiomara Castro no toma las medidas para revertirlo a través de la Ley de Justicia Tributaria.
Explicó que, actualmente funcionan 18 regímenes de exoneraciones fiscales, incluido el derogado régimen de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), que permiten a las empresas realizar prácticas de planificación y evasión fiscal.
En ese sentido, el ministro Ochoa enlistó los principales elementos de la Ley como ser:
- Eliminación del secreto bancario para fines tributarios.
- La ratificación de la Convención de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAAC), para intercambiar información bancaria y tributaria con 146 países.
- La creación de la figura de beneficiario final para conocer las cadenas de propiedad y principales beneficiarios de las empresas.
- La eliminación de 10 regímenes de exoneraciones fiscales abusivos.
- La eliminación de otras figuras legales que permiten la opacidad y evasión fiscal internacional como las acciones al portador o el Decreto legislativo 117-2021.
Asimismo, recordó que, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), alertó a Honduras, en una carta el diciembre del 2021, sobre las características perjudiciales de regímenes como ZEDE o Zona Libre (ZOLI).
Entre las características de los modelos antes mencionados están: una economía de enclave; no tienen ni comparten registros o información de sus obligados tributarios y no son transparentes y permiten la inscripción de empresas sin sustancia.
También, el funcionario del SAR puntualizó: “Cada año el Estado de Honduras perdona a estas empresas exoneradas un monto cercano al 8% del PIB, uno de los más altos del Continente, sin ningún tipo de control ni auditorías”.
Además, añadió: “A esto se debe sumar que en la actualidad Honduras no comparte ni obtiene información tributaria ni bancaria con la mayoría de las administraciones tributarias del mundo”.
De igual manera, detalló que, lo anterior es consecuencia de que el país no ha establecido convenios bilaterales o multilaterales para intercambiar este tipo de información; así como del secreto bancario decretado con el nuevo Código Tributario aprobado en el año 2017, que impide acceder a información de transacciones financieras con fines tributarios.
Según el último reporte del año 2022 del Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información para Fines Fiscales de la OCDE, Honduras obtuvo una calificación de “informal”, con 56 de 100%, debido a las carencias existentes en el intercambio de información sobre posibles delitos de evasión fiscal en el país.
Ochoa explicó que la fuga de capitales y la evasión fiscal internacional a través de paraísos fiscales es una práctica realizada por las grandes empresas y no por los más pobres. Su falta de control promueve la inequidad tributaria.
Mientras que la evasión de impuestos en ISV es del 36.7 % del potencial recaudatorio (dato del 2020), la evasión de impuestos por ISR es del 61.6% del potencial recaudatorio (dato del 2016). Lo que significa que, en proporción, los ricos evaden más impuestos que los pobres.
Por su parte, el subdirector del SAR, Christian Duarte sintetizó que: “La normativa vigente en el país fue construida para permitir la fuga de capitales y la evasión de impuestos; las empresas exoneradas están exentas de presentar declaraciones de precios de transferencia.
El Decreto Legislativo No. 117-2021, persiste el secreto bancario y el país comparte información tributaria con apenas cinco jurisdicciones extranjeras porque no cuenta con un marco normativo adecuado que permita la gestión e intercambio expedito de información con más jurisdicciones extranjeras.
Ante esta problemática Duarte, lamentó que, desde el año 2019, la Administración Tributaria no realiza fiscalizaciones de precios de transferencia ni investigaciones tributarias internacionales sobre planificación fiscal y erosión de la base imponible.
Por tal razón, el Gobierno socializó la Ley de Justicia Tributaria que remitirá en los próximos días al Congreso Nacional, con la cual se evitará que el país sea declarado paraíso fiscal.
Esto se suma a un conjunto de actividades ya iniciadas por la actual administración del SAR para reducir la evasión fiscal de las grandes empresas como la firma de la Convención de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAAC) el pasado 11 de julio en la ciudad de París por el ministro director y el Canciller de la República.
De igual forma, rememoró que, durante el 2022 se reclasificó al 78% de las grandes y medianas empresas que se hacían pasar por pequeñas; se realizó el primer diagnóstico interinstitucional sobre los regímenes de exoneraciones fiscales; y no se otorgó regularización tributaria.
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