Tegucigalpa, Honduras (01.03.2023).- La Comisión Interventora del Servicio Nacional de Emergencia 911 que ordenó la Presidenta Xiomara Castro inició este día su trabajo con la tarea de restaurar el funcionamiento principalmente del sistema de cámaras de seguridad.
En ese sentido, la gobernante hondureña nombró en la Comisión a Roberto Reina, Gosset Moncada y Gerardo Hernández, quienes en 90 días deberán presentar un primer informe de rendimiento.
Cabe señalar que, el 30 por ciento de las cámaras de seguridad ciudadana están inoperativas en todo el territorio hondureño, confirmaron autoridades hondureñas.
La Presidenta Castro informó que el decreto ejecutivo PCM 11-2023 ya está publicado en el diario oficial La Gaceta, y en el mismo se establece que, la Interventora del Sistema de Emergencia 911 deberá auditar el contrato con el proveedor del servicio de cámaras de vigilancia, Dynamic Corporation, para establecer si existe sobrevaloración o sobreprecio del mismo.
Y es que, en 2021 el Estado de Honduras suscribió un acuerdo con dicha empresa de 154 millones de dólares con una tasa de cambio de 24.65 % que culmina el 31 de diciembre de 2028, el cual, la interventora intentará declararlo nulo.
“Presentar y promover todas las acciones correspondientes para la declaración legal de nulidad del contrato con la Sociedad Mercantil Dynamic Corporation, S.A. de C.V., así como garantizar la deducción de responsabilidad a que haya lugar”, dice el inciso d, del artículo 3 del PCM publicado en La Gaceta el 28 de febrero.
La Interventora también tiene la facultad de “proceder de acuerdo legislación aplicable” la celebración, terminación o revocación de contratos de trabajo y acuerdos de personal, dice el inciso e.
“Llevar a cabo de manera inmediata las acciones necesarias para regularizar la situación de los empleados”, menciona el apartado f.
Las cámaras son una herramienta valiosa que han servido para perseguir a los delincuentes, así como para determinar el modo de operar de aquellas personas que se dedican a cometer delitos, además de dar con el paradero de las personas que han sido privadas de su libertad, de manera ilegal.
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