Tegucigalpa, Honduras (04.02.2023).- El procurador general de la República y de la secretaria de Finanzas, Manuel Díaz Gáleas y Rixi Moncada, denunciaron una “red de corrupción publico privada” por la que la cuenta del Estado ha sido embargada por una demanda de tres mil millones de lempiras que Honduras estaría obligada a pagar.
En ese contexto, el vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, se refirió al tema al manifestar el contexto que tanto la Corte Suprema de Justicia y los juzgados no se han caracterizado por una aplicación transparente y estricta de las leyes en el país.
Ante eso, el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), no deja de llamarle la atención que en las últimas semanas las diferentes salas del Poder Judicial y los juzgados emitan fallos absolutorios sobre acusaciones a exfuncionarios de las administraciones pasadas del Partido Nacional.
Otro elemento a considerar es que la resolución de un juzgado civil precisamente llega el 25 de enero de las elecciones de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia actual.
Para el parlamentario oficialista, que una Corte de Estados Unidos había rechazado una petición similar, pues lleva a la conclusión de que tales decisiones no están regidas por el cumplimiento estricto de la ley, sino siendo altamente sospechosas.
Por lo tanto, instó al Ministerio Público que en el corto tiempo posible abra investigaciones para dilucidar qué elementos han estado influyendo para una decisión, que no solo afecta las finanzas públicas, sino en un marco de «desprestigio» de la actual administración de la justicia en el país.
«Terrible daño»
Luego que la Corte Suprema de Justicia embargara la cuenta del Estado de Honduras, en ese caso, el exministro de Finanzas dijo que procede en conocer a detalles los alcances de la resolución del juzgado que dictó la medida de, si se trata de un embargo parcial o de uno que estaría obstaculizando completamente las finanzas públicas, de tal forma, que, al momento de hacerse pagos en las Secretarías y diferentes actividades, se encuentren congelados los fondos estatales.
El expresidente del Banco Central de Honduras enfatizó que el congelamiento de fondos estatales implicaría un «daño terrible» para el ejercicio del Gobierno en sus actividades normales.
Reseñó que uno de los principios fundamentales de la Secretaría de Finanzas, es de retornar a la Cuenta Única de los fondos estatales, dados que la diseminación de cuentas y de los fideicomisos, había conducido a la opacidad de la corrupción en la administración pública.
El entrevistado remarcó que el embargo a la cuenta del Estado «causaría un inmenso daño al funcionamiento de la administración pública».
«Para mí es inconcebible que una Corte de Estados Unidos haya desestimado eso, pero que la Corte Suprema de Justicia de Honduras no sé bajo qué criterios haya adoptado tal resolución», señaló Hugo Noé Pino.
Aunque espera que la elección de la Corte Suprema culmine el 10 de febrero, no obstante, el congresista aseveró que, si el proceso va más allá de la fecha mencionada por la falta de los 86 votos, «Claramente se estaría definiendo que el Partido Nacional está en la búsqueda de que la actual Corte siga en el ejercicio del poder, para hacer atropellos a la justicia hondureña».
Ante el escenario que la demanda quede firme, el diputado espera que la Procuraduría de la República prepare los recursos para impedir que el «adefesio jurídico tenga efectos en la economía nacional».
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