Tegucigalpa, Honduras (25.01.2023).- Mediante un pronunciamiento público, la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD), ante la instalación de una nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ), considera importante resaltar que la elección que hará el Congreso Nacional debe estar revestida de valores democráticos.
De acuerdo con esta entidad, en pro del fortalecimiento del Estado de derecho debe ponerse en primer plano los objetivos de justicia social, igualitaria, equitativa; para garantizar la independencia judicial, la transparencia y la lucha contra la corrupción y la impunidad.
En el comunicado se solicitó que, en esta sesión el voto de los diputados sea público y razonado, sin intereses o injerencias de grupos de carácter político partidista, económico o social y que cumplan con el mandato constitucional de manera transparente.
Lo anterior con el fin primordial de dotar a la ciudadanía de una próxima Corte Suprema de Justicia que fortalezca la independencia judicial.
La AJD destacó, que, la Junta Nominadora (JN) presentó el listado de los 45 postulantes que superaron con éxito un escrutinio bajo criterios y estándares internacionales, pruebas de conocimiento y méritos personales.
En ese sentido, consideran que ahora le corresponde al Poder Legislativo la selección y nombramiento de los 15 abogados (as) que integrarán el más alto Tribunal de Justicia de Honduras.
Además, en el listado de los 45 nominados (as) participan miembros de la AJD, por lo cual confían en que sus perfiles tengan el reconocimiento y respaldo de los diputados, teniendo en cuenta la trayectoria y los méritos de ellos(as) en el desempeño de sus respectivas judicaturas.
También, recordaron a los congresistas lo establecido respecto a la paridad de género en el listado, el Congreso está en la obligación y responsabilidad de cumplir con lo que establece el artículo 22 de la Ley de la JN, eligiendo no menos de siete mujeres como magistradas.
Desde AJD, plantean que este 25 de enero es una fecha histórica para renovar la democracia y que la responsabilidad recae en los y las legisladores.
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