El analista político Octavio Pineda y la exmagistrada del Tribunal de Justicia Electoral, Karen Guandique, coincidieron en la necesidad de despolitizar los órganos electorales del país como una medida clave para fortalecer la democracia hondureña.
Ambos expertos se pronunciaron a favor de que las vacantes generadas tras la destitución de autoridades mediante la figura del juicio político sean ocupadas por representantes de la sociedad civil, al considerar que esto contribuiría significativamente a garantizar procesos más transparentes, imparciales y alejados de intereses partidarios.
En ese sentido, señalaron que la presencia de actores independientes dentro de las instituciones electorales permitiría reducir la injerencia de los partidos políticos en decisiones clave, especialmente en momentos determinantes como el escrutinio y la validación de resultados.
A criterio de Octavio Pineda, la actual coyuntura representa una oportunidad para impulsar reformas estructurales que devuelvan la confianza ciudadana en el sistema electoral.
Asimismo, destacaron que la legitimidad de los procesos democráticos depende, en gran medida, de la credibilidad de las instituciones encargadas de organizarlos.
Perfiles técnicos y ciudadanos
Por ello, insistieron en que la incorporación de perfiles técnicos y ciudadanos, con trayectoria ética y profesional comprobada, puede ser determinante para asegurar que los resultados electorales reflejen fielmente la voluntad popular.
El planteamiento de que los órganos electorales estén integrados por miembros independientes de la sociedad civil responde a una lógica clara: reducir la influencia directa de los partidos políticos en instituciones clave para la democracia.
Cuando los representantes del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal de Justicia Electoral provienen de estructuras partidarias, existe el riesgo de que sus decisiones estén condicionadas por compromisos políticos adquiridos durante su nombramiento en el Congreso Nacional.
Prioridad Nacional
Karen Guandique, hizo un llamado a las autoridades y al Congreso Nacional para que prioricen el interés nacional por encima de cualquier cálculo político, y avancen hacia un modelo electoral más independiente, eficiente y transparente, que fortalezca el Estado de derecho y la institucionalidad democrática en Honduras.
En cambio, al incorporar perfiles independientes —sin militancia activa ni vínculos partidarios— se fortalece la imparcialidad, ya que su actuación responde más a criterios técnicos, legales y éticos que a intereses políticos.
Esta independencia contribuye directamente a elevar la calidad de los procesos electorales. Permite, por ejemplo, una administración más transparente del escrutinio, mayor confianza en la transmisión de resultados y decisiones más equilibradas en la resolución de controversias. En otras palabras, se busca que el árbitro electoral no tenga intereses en el resultado del juego.
Además, este enfoque responde a una demanda histórica. Durante décadas, tanto la comunidad internacional como amplios sectores de la sociedad hondureña han insistido en la necesidad de despolitizar las instituciones electorales. Este clamor surge precisamente de experiencias pasadas en las que la percepción de parcialidad ha debilitado la credibilidad de los procesos y ha generado conflictos postelectorales.
Por ello, la inclusión de representantes de la sociedad civil no solo es una medida técnica, sino también un paso hacia la reconstrucción de la confianza ciudadana. Se trata de garantizar que quienes administran y juzgan los procesos electorales lo hagan con un único compromiso: respetar y legitimar la voluntad popular expresada en las urnas.
LEER MAS:Congreso inicia proceso para elegir nuevas autoridades del CNE y TJE