Pablo Emilio Reyes, Fiscal General de Honduras, advirtió que el proceso de juicio político contra los cuatro funcionarios electorales destituidos por el Congreso Nacional no se limitará al ámbito político y podría derivar en procesos penales.
Según mencionó Reyes, se llevará a cabo un análisis del informe presentado, por lo que se buscará conductas tipificadas como delito.
«El informe de los juicios políticos no quedará solo en el plano político», mencionó a los medios de comunicación el fiscal.
El Ministerio Público confirmó que el informe de 184 páginas realizado por la Comisión Especial de Juicio Político será sometido a una evaluación técnico-jurídica para determinar si existen elementos suficientes para la apertura de investigaciones formales.
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Destituciones en juicio político
El Congreso Nacional, con 88 votos a favor, destituyó el pasado 16 de abril a cuatro funcionarios electorales: Marlon Ochoa, consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE) y los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) Mario Morazán, Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez.
Según la comisión especial, los cuatro señalados habrían cometido irregularidades en el ejercicio de sus funciones durante las elecciones primarias y generales de 2025.
Ante el pleno del Congreso Nacional, el único que compareció fue Morazán, por un período de 6 horas, en la que respondió interrogantes de parlamentarios y consideró injusto el proceso en su contra.
Además, mantuvo su posición y reiteró que actuó en base a ley y con legalidad como magistrado del TJE.
En el caso de Marlon Ochoa, no se presentó a las audiencias ni ante pleno porque salió del país a finales de marzo por supuestas amenazas contra su vida. Mejía y Gutiérrez tampoco se presentaron a ninguno de los procesos.
Semanas atrás en el hemiciclo también se destituyó al entonces fiscal general, Johel Zelaya, luego que la comisión recomendó la separación inmediata de su cargo por actuaciones contrarias a la Constitución de la República.
Por su parte, la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, presentó su renuncia al cargo para no ser sometida a juicio político luego de presentarse una denuncia en su contra.
El Congreso Nacional deberá nombrar una comisión especial encargada de proponer a los sustitutos que ocuparán las vacantes en el CNE y el TJE.