Tegucigalpa, Honduras (08.11.2022).– La comunidad garífuna de Honduras denunció este lunes un «desalojo forzado» de decenas de personas en Punta Gorda, Roatán, Islas de la Bahía.
La Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) indicó en Twitter que seis defensores del territorio ancestral fueron detenidos por las fuerzas de seguridad que «demostraron además de su racismo, la inclinación por la violencia».
Entre los detenidos figuran la coordinadora de Ofraneh en Punta Gorda, Melissa Martínez, Dorotea Arzú, Richard Armando Martínez, Abot Efrahin Sánchez, Keyden Tishany González y Augusto Moisés Dolmo.
«Libérenlos ya», solicitó la Ofraneh, que indicó que la comunidad garífuna de Punta Gorda «carece de título comunitario» de propiedad.
Pronunciamiento de la CONAPOA
Por su parte, la Coordinación Nacional de Pueblos Originarios y Afrohondureños (CONAPOA), adscrita a la Secretaría de Estado en el Despacho Desarrollo Social (Sedesol) del Gobierno Solidario de la República, ante los hechos condenó mediante un comunicado el desalojo forzoso de un sector de las tierras ancestrales, con 225 años de antigüedad.
Asimismo, señaló que cuenta con pruebas documentales e históricas, de poblamiento permanente e ininterrumpido en la zona, siendo esto un acto violento innecesario y conducente a una preocupante situación de violencia ante un pueblo ancestral que ha sufrido constantes vejámenes por parte del Estado de Honduras a lo largo del pasado.
“La ratificación del Estado de Honduras del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo implica un reconocimiento de los derechos ancestrales de los pueblos indígenas y afrohondureños del país sobre las tierras en las que han convivido desde sus orígenes, teniendo la institucionalidad pública un deber jurídico de garantizar los mismos”, agrega el comunicado.
El documento detalla: “El Juzgado de Letras Departamental de Roatán ordenó el desalojo sin consultar ni aplicar los estándares internacionales de Derechos Humanos y sin tomar en cuenta el derecho ancestral del pueblo garífuna de Punta Gorda, que es anterior a la existencia misma del Estado de Honduras. Este acto, común en la praxis judicial del país y agudizado desde el golpe de Estado de 2009, nos recuerda que el retorno a la democracia y al Estado de Derecho es todavía una asignatura pendiente en el Poder Judicial”.
Como ente rector de las políticas sociales de los grupos en vulnerabilidad social del país, CONAPOA instó a que se libere a las y los defensores detenidos por la defensa del territorio ancestral de Punta Gorda: Dorotea Eliza López, Richard Armando Martínez, Efraín Sánchez Gómez, Keyder Gonzales, Augusto Dolmo y Melissa Fabiola Martínez.
A las instituciones encargadas del arresto de los defensores de la comunidad de Punta Gorda, les recordamos que es una responsabilidad del Estado de Honduras su integridad física.
También hacerles patente que el Gobierno de la República desde el Poder Ejecutivo ha instituido una política abierta de respeto a los Derechos Humanos y la construcción de políticas, programas y proyectos orientados a satisfacer las necesidades de los pueblos ancestrales del país.
“Hacemos de conocimiento público nuestro desacuerdo basado en nuestro rol rector como institución creada para instituir las políticas sociales de la Honduras solidaria, incluyente, sin discriminación de ningún tipo y libre de violencias. Al Poder Judicial recordamos que la defensa de la persona humana, su dignidad individual y social son el fin supremo del Estado.
Datos históricos
Según apuntes históricos, los primeros negros llegaron a Honduras el 12 de abril de 1797, como esclavos traídos de la isla de San Vicente.
Entonces, se asentaron en la comunidad de Punta Gorda y luego se dispersaron a lo largo de toda la costa, hasta constituir más de una treintena de pueblos garífunas.
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