Tegucigalpa, Honduras (13.10.2022).- La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), en equipo con la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), obtuvo un auto de formal procesamiento con prisión preventiva en contra de Juan Ramón Matta Waldurraga por suponerlo responsable del delito de lavado de activos agravado en el denominado caso Operación Terremoto.
Dicha resolución la dictó un juez con jurisdicción nacional concluida una extensa audiencia inicial celebrada ayer miércoles en el Fuerte Cabañas, en la que la prueba aportada por el Ministerio Público prevaleció sobre la defensa privada del encausado.
Es de mencionar que, Matta Waldurraga fue extraditado de Colombia y ya fue condenado por una Corte Federal de Estados Unidos, por conspiración y nexos con el crimen organizado.
Como se recordará, la Operación Terremoto se ejecutó en el 2017 y entre las acciones se realizan 14 allanamientos a viviendas ubicadas en Tegucigalpa y Cedros en Francisco Morazán, Danlí en El Paraíso y en Lepaguare y San Esteban, en Olancho.
Igualmente, se procedió en aquel momento a la inscripción de la medida de aseguramiento sobre 49 asientos en los cuales se encuentran inscritos bienes inmuebles ubicados en los departamentos de Francisco Morazán, Cortés y Olancho.
Auto de formal procesamiento y prisión preventiva a Juan Ramón Matta Waldurraga https://t.co/pNwBXKknZK pic.twitter.com/frvDpBnsnC
— Ministerio Público (@MP_Honduras) October 13, 2022
22 sociedades mercantiles aseguradas
De igual manera, la operación se encaminó a ordenar la medida de aseguramiento sobre 22 sociedades mercantiles, siendo acusados de lavado de dinero Juan Ramón Matta Waldurraga, Asdrubal Humberto Mejía Sobalvarro, Eduardo Rodríguez Bustamante, Johnny Alexis Gáleas Gáleas, Josué Natanael Borjas Guifarro, Ada Edelmira Borjas Guifarro y Raquel Tatiana Núñez Pagoaga.
Varias de estas personas ya fueron condenadas, al tiempo que sobre muchos de los bienes asegurados el 17 de junio de 2017 existen sentencias de confiscación definitivas emitidas por el juzgado de privación definitiva del dominio de bienes de origen ilícito.
Las indagaciones mostraron la existencia de un grupo organizado de personas que durante un periodo de tiempo procedieron a realizar adquisiciones e inversiones con el fin de convertir y ocultar activos cuya procedencia no tiene justificación económica.
Dichas actuaciones se han realizado a través de traspasos a título oneroso y gratuito de bienes inmuebles, créditos hipotecarios y traspasos de acciones de sociedades, entre otras.
Las autoridades del Ministerio Público reiteran el compromiso con todo el pueblo hondureño de ejercer la acción penal con el fin de deducir responsabilidad a aquellos que actúan al margen de la ley.
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