Gobierno absorbe alza al transporte y aplica ajustes temporales por combustible

Ante el incremento sostenido en los precios de los combustibles, el Gobierno de Honduras anunció nuevas medidas para evitar que el impacto económico recaiga directamente en los ciudadanos, manteniendo el subsidio al transporte urbano y aplicando ajustes temporales en otros servicios.

Las autoridades confirmaron que el bono compensatorio al transporte urbano continuará vigente, permitiendo cubrir el aumento en los costos de operación y evitando así un incremento en la tarifa que pagan los usuarios.

Esta decisión forma parte de una estrategia orientada a proteger el ingreso de las familias hondureñas.

Medidas buscan proteger el bolsillo de las familias ante el aumento de combustibles.

En paralelo, tras un proceso de diálogo con representantes del sector transporte interurbano y suburbano, se acordó la aplicación de un recargo temporal de $ 0.22 por kilómetro recorrido.

Dicho ajuste responde principalmente al encarecimiento del combustible y aplicado como un monto adicional independiente de la tarifa base.

Medida provisional en el transporte

No obstante, el Gobierno aclaró que esta medida es provisional y estará sujeta a revisiones periódicas, dependiendo del comportamiento del mercado internacional de hidrocarburos y la situación económica del país.

En cuanto a la tarifa vigente, se mantiene el valor mínimo de $ 1.24 por kilómetro, establecido en el Acuerdo Ejecutivo 0528-2019, garantizando estabilidad en los costos del servicio.

Rutas largas y cortas se verán impactadas por el ajuste temporal aprobado.

Ajustes a las rutas largas

Asimismo, se detalló que el reajuste aplica tanto para rutas largas, que conectan ciudades y departamentos, como para rutas cortas, utilizadas en trayectos menores entre municipios y comunidades.

En el caso del transporte urbano, el incremento de L.2  fue absorbido en su totalidad por el Estado, evitando que los usuarios enfrenten un aumento directo en el pasaje.

Con estas medidas, el Gobierno busca mantener el equilibrio entre la sostenibilidad del sector transporte y la protección del bolsillo de la población, en un contexto marcado por la volatilidad de los precios del combustible.

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