Tegucigalpa, Honduras (06.09.2022).- El Juzgado de Letras de lo Penal en Materia de Corrupción en audiencia de declaración de imputados dictó
medidas distintas a la detención judicial al exsubsecretario de Salud, Nery Cerrato.
El exfuncionario de Salud es acusado por el Ministerio Público por el delito de falsificación de documentos públicos.
Cerrato fue detenido este martes a inmediaciones del centro de salud del municipio de Teupasenti, departamento de El Paraíso.
El vocero del Poder Judicial, Carlos Silva, informó que entre las medidas impuestas está la prohibición de salida del país, firmar todos los lunes
el libro de actas en el Juzgado de Paz de Teupasentí y no visitar la Secretaría de Salud y sus empleados.
La audiencia inicial quedó programada para el miércoles 14 de septiembre a partir de las 9:30 de la mañana.
En este caso también son señalados el extitular de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Garbriel Rubí; el exadministrador
de Copeco, Cristian Elías Santeli Chavarría; y la representante legal en Honduras de la empresa DLX Enterprises LLC, Mirna Luz Romero Majano.
En resolución de Audiencia de Declaración de Imputado, #JuzgadoPenal en Materia de Corrupción a petición de partes, dicta medidas distintas a la Detención Judicial al ex subsecretario de Salud Nery Cerrato, acusado de Falsificación de Documentos Públicos. pic.twitter.com/rXlAnvnyWI
— Poder Judicial HN (@PJdeHonduras) September 6, 2022
Expediente
El caso está relacionado a la suscripción de un contrato para la compra de un hospital móvil y unidad de aislamiento para el combate
al COVID-19 en el municipio de Villanueva, Cortés, por el que se erogaron cinco millones 560 mil 278 lempiras.
No obstante, el ente acusador señala que se instaló una carpa que no cumplía ni los requisitos básicos o mínimos para atender pacientes
en momentos críticos de la pandemia.
Conforme a la investigación del Ministerio Público, los encausados se coludieron para defraudar las arcas públicas y beneficiar a la empresa
que lo que entregó fueron toldos y camillas de campamento, estableciéndose el 28 de febrero de 2020.
Cerrato actuó como coordinador del comité técnico científico del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), la solicitud comenzó con
Rubí al pedir la adquisición del hospital y salas de aislamiento móviles, alterando documentación y violentando una serie de procedimientos
y protocolos legales, todo ello en un tiempo récord de dos días.
Agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) confirmaron que las transferencias que el gobierno hizo a DLX Enterprises
LLC por concepto de pago de las carpas y toldos móviles, se realizó de la siguiente manera: un adelanto de 33 mil 592 dólares el 2 de marzo
de 2020, 78 mil 173 dólares siete días después, y 111 mil 676 dólares el 17 de marzo.
Además, con las inspecciones de campo y pericias de expertos de ingeniería civil y biomédica, se acreditó que el proyecto fallido se instaló
en un predio de tierra (campo de fútbol) inundable, sin estudios topográficos, ni mucho menos contó con equipo médico tecnológico para
el tratamiento de enfermedades pulmonares como el coronavirus.
Las imputaciones en el caso de Gabriel Alfredo Rubí Paredes y Cristian Elías Santeli Chavarría son por suponerlos responsables de violación
de los deberes de los funcionarios y fraude, mientras que Cerrato Ramírez se le presume responsable de falsificación de documentos públicos
y a Mirna Luz Romero Majano se le señala como cooperador necesario de fraude.
