Tegucigalpa, Honduras (12.05.2025).- La Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) presentó requerimientos fiscales en tres casos distintos relacionados con corrupción y manejo irregular de fondos públicos.
Las acciones legales se dirigen contra exfuncionarios de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), exautoridades del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) y empresarios extranjeros acusados de defraudar al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
El primer requerimiento fiscal es por violación de los deberes de los funcionarios contra el exdirector de la OABI, Jorge Alberto Gonzáles Salinas, y los exfuncionarios Alan Orlando Carranza Stevez, Enoc Eusebio Reyes Ortega y Javier Enrique Caballero Velásquez. Se les acusa de gestionar ilegalmente la devolución de una vivienda en Merendón Hills, cuatro vehículos y una empresa, bienes incautados durante el operativo «Magnate» en marzo de 2022 en San Pedro Sula, Cortés.
El segundo requerimiento fiscal es contra Julio César Maldonado Hernández, representante de una constructora (fraude y lavado de activos), José Rubén Álvarez, presidente de una cooperativa (fraude), Raúl Antonio Herrera Rodríguez y Tania Sagastume Bulnes exfuncionarios de Banadesa (violación de los deberes de los funcionarios), acusados por el uso fraudulento de un fideicomiso creado en 2016 para construir el mercado «Las Acacias» en Juticalpa, Olancho, obra que nunca se ejecutó. El perjuicio a Banadesa fue de 2.8 millones de lempiras, usados para gastos personales y transferencias a terceros.
Por último, el tercer requerimiento fiscal, con orden de captura internacional, es contra los guatemaltecos Pablo Andrés Barillas Rascón y Marisol Figueroa López de Barillas, por suponerlos responsable de lavado de activos.
A estos últimos, se les acusa de sustraer ilícitamente 9.7 millones de lempiras del IHSS mediante empresas fachada entre 2010 y 2014 que no tenían ninguna relación contractual con la institución.
Con apoyo de la ATIC y la Policía Militar del Orden Público, el MP aseguró en Tegucigalpa dos sociedades mercantiles y. cuatro cuentas bancarias utilizadas para mover los fondos ilícitos.
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