Tegucigalpa, Honduras (31.03.2025).- El secretario de Trabajo y Seguridad Social, Wilmer Javier Fernández, afirmó este lunes que las personas acusadas por el Ministerio Público (MP) en relación con las irregularidades en las elecciones primarias e internas de 2025 deben ser condenadas por los delitos que se les imputan.
Fernández denunció que una red de corrupción público-privada habría boicoteado el proceso electoral del pasado 9 de marzo.
«La comisión evaluadora de la licitación estaba integrada por nacionalistas y liberales, y el Consejo Nacional Electoral (CNE) estaba presidido por el Partido Nacional. Además de sabotear el proceso, se lucraron con él», señaló.
Fraude millonario en contratación de transporte electoral
El Ministerio Público, a través de la Unidad Especializada Contra los Delitos Electorales (UECDE), presentó un requerimiento fiscal por contratación fraudulenta en el transporte de material electoral, con un perjuicio económico de L. 64,789,021.78 al Estado hondureño.
La investigación reveló que la empresa Ingeniería, Logística y Transporte S. de R.L. de C.V., beneficiada con el contrato, no contaba con la flota vehicular, idoneidad ni capacidad técnica para el traslado seguro del material electoral. Aun así, recibió la adjudicación, excediendo en más de 21 millones de lempiras el presupuesto asignado para el proyecto.
El contrato se firmó el 7 de marzo de 2025, apenas dos días antes de las elecciones.
Acusados y delitos imputados
Las autoridades han señalado a los siguientes involucrados:
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Joel Ramos García, excoordinador del Proyecto Transporte del CNE.
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Raúl Amílcar Rivera Montoya, Dennis Emilio Hércules Rosa, Juan Carlos Canales Lobo y José Martín Pastrana Sánchez, miembros de la Comisión Evaluadora.
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Carlos Salomón Fonseca Robles, representante legal de la empresa adjudicada.
A estos se les acusa de los delitos de fraude, violación de los deberes de los funcionarios públicos y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.
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