Tegucigalpa, Honduras (29.01.2025).- Agentes de tribunales del Ministerio Público (MP) asignados a la Unidad Contra la Trata, Explotación Sexual Comercial y Tráfico de Personas (UTESCTP) de San Pedro Sula, lograron 20 requerimientos fiscales; de ellos, nueve están ligados al delito de trata de personas en sus diferentes modalidades en 2024.
Según detalló el MP, estas sentencias condenatorias están ligados a delitos de explotación sexual comercial, elaboración y explotación de pornografía infantil y tráfico ilícito de personas con destino a Los Estados Unidos (EE. UU.).
Dentro de las acusaciones sobresalen cinco acusaciones contra estructuras criminales ligadas al tráfico ilícito de personas con destino a Los Estados Unidos, cinco requerimientos por el delito de explotación sexual comercial y dos por tenencia de pornografía infantil, uno por elaboración de pornografía infantil, dos por explotación sexual y uno por explotación en condición de servidumbre o esclavitud.
Durante el 2024 se procedió al rescate de 24 personas del sexo femenino que en su mayoría estaban siendo explotadas sexual y comercialmente; y se destacó la sentencia condenatoria contra 15 personas ligadas al delito de tráfico ilícito de personas.
Además de una condena por trata de personas. También sobresale la captura de norteamericano Gary Lee Johnsthon por sospechas de los delitos de trata de personas agravado en su modalidad de explotación sexual comercial y pornografía infantil, Mártir Alexander Martínez Castillo por elaboración y utilización de pornografía infantil y utilización de pornografía infantil.
Se presentó acusación contra personal del proyecto Corazón a Corazón por los presuntos delitos de trata de personas en la modalidad de trabajo forzado, violación continuada, otras agresiones sexuales, trata de personas en la modalidad de adopción irregular, aborto en su grado de ejecución de tentativa inacabada, otras agresiones sexuales continuadas y estupro agravado.
También se presentó acusación contra Altagracia Cruz Velásquez, Deisy Leticia López Martínez, José Yobany Rivera Baca, Ana María Borjas Dubón, Marco Antonio Villanueva Rodríguez y Cristian Joel Muñoz Menjívar, personal del Hogar San Rafael por sospechas de explotación en condición de esclavitud o servidumbre; y contra Vicente Zepeda Pereira por trasladar 35 ciudadanos de origen cubano de marea irregular con destino a Los EE. UU.
Por el delito de tráfico ilícito de personas hacia Los Estados Unidos, también fueron condenados, Elías Isaí Figueroa Ramos, Erick Snaider Benedith, Fredis David Chávez Mencía, Carlos Esteban Rubio, Suyapa de Jesús Medina Mata y los guatemaltecos Alfonso Vásquez Castañeda y Román Martínez Leiva.
Dentro de las acusaciones se agrega la presentada contra Carmen Yajaira López Rodezno, Igdania Marlen Alvarado Redondo y Cindy Yolibeth Erazo Alvarado, por los delitos de trata de personas con su modalidad de explotación sexual comercial.
Otra de las condenas que sobresalen es contra Luis Fernando Rosales, Yadira Elizabeth Menjívar, José Javier Lagos Arita y Marlen Yolanda Reyes, por explotación sexual comercial.
La condena refiere que José Javier Lagos y Yadira Elizabeth Mejía, padres de la víctima, con el respaldo de su comadre Marlen Yolanda Reyes, explotaban sexualmente a una menor con cantidades de dinero que les permitía solventar sus problemas económicos.
De igual manera, sobresale la acusación contra Ana Carolina Rodezno, Kevin Fernando Paredes Madrid y Lidia Magdalena Madrid Granillo, por sospechas de trata de personas con la modalidad de explotación sexual comercial, tráfico ilícito de droga y tenencia ilegal de arma de fuego de uso permitido; todos administradores del centro nocturno Fiesta Club que funciona en bulevar del norte en San Pedro Sula.
Se suma el requerimiento fiscal contra Israel Rodríguez Ramos, quien ofrecía a sus clientes a una menor de edad por un pago de mil 500 lempiras (L).
La ejecución de una operación trasnacional que abarcó los países de Honduras, Guatemala y El Salvador donde fueron capturados Julio Cesar Rodríguez Ávila y Allan Enrique Medina Ramos, quienes encabezaban una red de pornografía infantil en la modalidad de tenencia de material pornográfico infantil que se extendía hasta Sudáfrica.
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