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Rivera: «Casos de violaciones de derechos humanos retan profundamente al sistema de justicia»

Tegucigalpa, Honduras (15.01.2025).- En el Foro Libertad y Poder transmitido por Canal 8, la abogada y defensora de derechos humanos, Reina Rivera, analizó el impacto histórico y actual de las graves violaciones a derechos humanos en Honduras.

Durante su intervención, destacó que, llevar a la justicia casos relacionados con estructuras de poder implicadas en abusos representa un desafío significativo para el sistema judicial del país.

“La justicia en Honduras está habituada a procesar casos relacionados con los mismos grupos sociales, generalmente personas de menores ingresos implicadas en delitos comunes. Sin embargo, cuando se trata de crímenes perpetrados por estructuras de poder o altos funcionarios del Estado, el sistema de justicia enfrenta un reto enorme. Esto expone sus falencias y la influencia política que históricamente ha condicionado su accionar”, expresó Rivera.

En su análisis, la abogada hizo un repaso histórico de los tres eventos que, según ella, han marcado profundamente al país tras el retorno al orden constitucional:

  1. La doctrina de la Seguridad Nacional en los años 80, que dejó un saldo de desapariciones, torturas y detenciones arbitrarias;
  2. El golpe de Estado de 2009, con masivas violaciones a derechos humanos y represión estatal;
  3. El fraude electoral de 2017, que desencadenó protestas, detenciones y actos de violencia institucional.

“Estos momentos históricos han resultado en una alta sensación de impunidad y en una institucionalidad incapaz de responder de manera efectiva a las víctimas. El juicio de la Junta de Comandantes relacionado con el golpe de Estado de 2009 es un paso hacia adelante, pero también un reto que pone a prueba la independencia y la capacidad del sistema de justicia”, señaló.

Rivera también subrayó la presión que enfrentan los jueces al procesar casos donde están implicadas figuras de poder político, mencionando como ejemplo al general Romeo Vásquez, quien lideró el golpe de 2009 y posteriormente fundó un partido político.

“Esto representa un reto subjetivo para los jueces, que se ven enfrentados a una mayor presión por las influencias políticas y sociales”, concluyó.

 

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