Tegucigalpa, Honduras (06.01.2025).- Un contingente de la Policía Nacional trasladaron este lunes bajo un fuerte resguardo a los tres exaltos jerarcas militares, Romeo Vásquez Velásquez, Venancio Cervantes y Carlos Roberto Puerto, hasta un recinto especial de mínima seguridad de la Penitenciaría Nacional con sede en Támara, Francisco Morazán, donde guardaran detención judicial.
Cabe mencionar que, a los tres militares se les supone responsables de los delitos de homicidio y lesiones graves contra los ciudadanos Isy Obed Murillo Mencías y Alex Roberto Zavala Licona, simpatizantes que permanecían en los alrededores del Aeropuerto Internacional Toncontín a la espera del retorno al país del entonces presidente constitucional, José Manuel Zelaya Rosales.
El joven Murillo, perdió la vida tras recibir un proyectil de arma de fuego en la cabeza mientras participaba en una manifestación pacífica en las inmediaciones del aeropuerto, mientras que el ciudadano Alex Roberto Zavala Licona sufrió graves lesiones a consecuencia de los disparos realizados por elementos de las Fuerzas Armadas (FF. AA.).
De acuerdo con las investigaciones del MP, las actuaciones de los militares fueron brutalmente desproporcionadas, ya que dispararon de manera indiscriminada con fusiles de alto poder y grueso calibre (M16) contra ciudadanos que ejercían su derecho a manifestarse pacíficamente.
Dichas acciones, que resultaron en muertes y graves lesiones, no fueron actos aislados, sino crímenes ejecutados por elementos de la institución castrense bajo órdenes directas del jefe del Estado Mayor Conjunto, el subjefe y el director de Operaciones Especiales.
Según el requerimiento fiscal, los altos mandos del Estado Mayor Conjunto, responsables directos de comandar y planificar el operativo, no solo incumplieron su deber de supervisar y controlar a sus subordinados, sino que, con pleno conocimiento de los hechos, permitieron y facilitaron estas atrocidades.
Su negligencia e inacción configuraron graves violaciones a los derechos humanos, dejando a los manifestantes a merced de una fuerza militar que actuó con una violencia inhumana y desmedida.
En primera instancia el Poder Judicial informó que los imputados cumplirían la medida dictada por un juez la noche del domingo en el Primer Batallón de Infantería pero posteriormente fue cambiada.
La audiencia inicial fue programada para el viernes 10 de enero del presente año.
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