Tegucigalpa, Honduras (17.11.2024). – El Instituto Nacional Agrario (INA) de Comayagua ha superado con creces su meta para el año 2024, al entregar más de 250 Personerías Jurídicas a comunidades de Comayagua, La Paz e Intibucá.
Este hito marca un avance significativo en la garantía de derechos legales para el sector campesino de la región.
Este resultado supera ampliamente las metas planteadas a inicios de año, según destacó el abogado Gerson Soler, miembro del equipo de trabajo de la entidad.
“Como Oficina Regional llevamos tres años sobre pasando las metas en la entrega de títulos, sino también en la recaudación de fondos y con la asistencia técnica”, afirmó Soler, destacando el impacto positivo de la gestión actual.
El abogado también comparó la situación actual con la administración anterior, señalando que en el pasado el campesinado no era tomado en cuenta.
“Hemos dado un giro para bien, durante mucho tiempo esta institución no tomaba en cuenta al campesinado y hoy tenemos un sector reformado que está siendo beneficiado con títulos de propiedad y con el tema de Personería Jurídica y que dan la legalidad”, afirmó.
Apoyo gubernamental y asistencias técnicas
Soler destacó también el papel fundamental del Gobierno de la Presidenta Xiomara Castro en este proceso de transformación.
Asimismo, mencionó que las brigadas de titulación han sido una herramienta esencial para extender los beneficios al sector campesino.
Estas brigadas permiten que los títulos y Personerías Jurídicas lleguen de forma directa a las comunidades, facilitando el acceso a la legalidad y reduciendo la brecha histórica de desigualdad.
El abogado Gerson Soler también reconoció la labor de las autoridades del INA, subrayando que la dinámica de trabajo ha sido clave para alcanzar este logro.
Este avance representa un paso crucial para el fortalecimiento de los derechos del campesinado en la región central de Honduras, consolidando la visión de una gestión más inclusiva y equitativa.
Con la entrega de más de 250 Personerías Jurídicas, se sientan las bases para un futuro con mayor seguridad jurídica para las comunidades campesinas del país.
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