Tegucigalpa, Honduras (25.10.2024).- El Poder Judicial de Honduras dictó auto de formal procesamiento para Oscar Antonio Castro Nazar, Otilia Maria Pinto Amador, José Antonio Elvir Vásquez y Ángel Armando Aguiriano Cerrato, todos exfuncionarios del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop).
Las personas antes mencionadas son acusadas de fraude y violación a los deberes de los funcionarios.
Los integrantes de la Corte de Apelaciones declararon sin lugar los recursos contra las excepciones de la falta de acción y la prescripción de la acción penal; donde señalan que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) ejerce una función fiscalizadora, sin que esta interfiera con el mandato constitucional del Ministerio Público del ejercicio de la acción penal pública por delitos de corrupción.
Asimismo, las apelaciones sobre falta de motivación y valoración errónea de la prueba fueron desestimadas, manteniendo las decisiones del juzgado de primera instancia, resolviendo como consecuencia confirmar los autos de formal procesamiento dictados el pasado 18 de enero y 20 de marzo de 2024 respectivamente.
Reformas
Además, ordenaron reformar el auto de formal procesamiento decretado para Angel Armando Aguiriano Cerrato, por suponerlo responsable del delito de abuso de autoridad, por lo que ahora será imputado por suponerlo responsable de un delito de violación de los deberes de los funcionarios.
Para la Corte de Apelaciones, «no existe duda respecto a que los acusados conocían de las inhabilidades que tenían los funcionarios públicos para participar activamente en el proceso de licitación en el que tenían interés por los vínculos directos e indirectos con la empresa Grupo Visión y como consecuencia de esos mismos vínculos legalmente no podían ser oferentes en el proceso de licitación y mucho menos que se les adjudicara el contrato», detalló un escrito.
De conformidad al requerimiento fiscal, los acusados actuaron de forma deliberada para defraudar al Estado de Honduras, a través de la supuesta manipulación del proceso de licitación y la compra de suministros que no tuvieron utilidad ni funcionalidad y habrían sido sobrevalorados, adquiriéndolos por 920 mil euros y vendiéndoselos al Infop por 75,837,529 lempiras (L), creando un perjuicio para el Estado de casi L51 millones.
En este mismo caso se presentó acusación contra los señores: David Guillermo Chávez Madison (exdirector ejecutivo del Infop) y José Olivio Rodriguez Vásquez (exsecretario general del Infop y exmagistrado de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia).
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