Tegucigalpa, Honduras (25.10.20204). – El Ministerio Público (MP) a través de la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF), logró por estricta conformidad una pena de siete años de prisión para el empresario Héctor Rolando Figueroa Fúnez, por el delito de fraude continuado, por su participación en una red de corrupción que estafó al Estado de Honduras a través de la Secretaría de Salud (Sesal).
El empresario deberá pagar una multa de 7,885,450.00 de lempiras cantidad que equivale al valor defraudado.
Además, se logró la inhabilitación absoluta por el tiempo que dure la condena principal, el empresario cumplirá la pena en la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto en Támara, Francisco Morazán.
La investigación reveló que esta red, compuesta por siete personas, operó entre marzo y septiembre de 2014 y defraudó al Estado en más de 7.8 millones de lempiras, lo hicieron mediante la adjudicación irregular y fraudulenta de contratos de consultorías y diseños de software destinados a la automatización de procesos en el Marco Normativo en Salud.
Las investigaciones confirmaron que estas contrataciones se realizaron en abierta violación de la ley y las disposiciones generales de presupuesto, mediante procesos directos que favorecieron a personas naturales y empresas de maletín.
También, se introdujo información falsa para aparentar una supuesta competencia entre oferentes, simulación descubierta por el MP.
El contubernio entre exfuncionarios y tres empresarios resultó en beneficios para las empresas ORBIT Tecnology, Tecnología e Informática, Sat Media y Telesat, además de una persona natural, se determinó también que el software nunca fue entregado y se sobrevaloró en un 90 por ciento (%).
La UNAF también presentó cargos contra: Edna Yolany Batres Cruz (exministra de Salud), Gladys Hermelinda Paz Díaz y Benelio Alvarado Membreño por nueve delitos de fraude y nueve de violación de los deberes de los funcionarios; Lolita Vanessa Cordero por ocho delitos de fraude como cooperadora necesaria y ocho de violación de los deberes de los funcionarios como autora; Luis Gerardo Zelaya por cinco delitos de fraude como cooperador necesario.
De igual forma, se obtuvo sentencia condenatoria en contra del también empresario Cristian Adolfo Sánchez por un delito de fraude como cooperador necesario en Salud.
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