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FMI respalda a Honduras con $200 millones mientras el país proyecta un crecimiento del 4 %

Tegucigalpa, Honduras (19.10. 2024). – El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció que alcanzó un acuerdo con las autoridades del Gobierno de la Presidenta Xiomara Castro sobre las dos primeras revisiones del acuerdo económico que firmaron en 2023, por el que se desembolsarán alrededor de 200 millones de dólares ($).

«Las autoridades hondureñas y el equipo del FMI han alcanzado un acuerdo a nivel de personal técnico sobre las políticas económicas necesarias para completar la primera y segunda revisión de los acuerdos en el marco del Servicio de Crédito Ampliado (SCA) y el Servicio Ampliado del FMI (SAF)», indicó en un comunicado una misión del organismo crediticio al concluir una visita a la capital.

El acuerdo está sujeto a la aprobación del directorio ejecutivo del FMI en las próximas semanas.

Según el jefe de misión del FMI, Ricardo Llaudes, la economía hondureña se mantiene «resiliente a pesar del contexto mundial complicado y del impacto del choque climático de El Niño».

Señaló que en 2024 se ha registrado un «crecimiento robusto, proyectado en casi 4 %», y la inflación se ha estabilizado entre 4,5 y 5 %, dentro del rango de tolerancia», mientras que las reservas internacionales han seguido disminuyendo este año debido a la «grave sequía» del primer semestre, que «lastró las exportaciones agrícolas y aumentó las importaciones de energía», así como los menores desembolsos multilaterales y bilaterales.

Las autoridades hondureñas se han comprometido a implementar políticas macroeconómicas «prudentes» para fortalecer la estabilidad económica y tomar medidas oportunas en todos los aspectos críticos de su programa de reformas económicas, para garantizar el cumplimiento de los objetivos respaldados por el FMI.

Pilares

Las conversaciones se centraron en cinco pilares fundamentales: continuar con la disciplina presupuestaria para preservar la sostenibilidad de la deuda, reforzar el gasto social, aplicar políticas monetarias y cambiarias, mejorar la salud del sector energético y mantener el compromiso con el combate a la corrupción.

El FMI prevé que en 2024 el desempeño fiscal supere los objetivos del programa, respaldado por la solidez de los ingresos fiscales y el fortalecimiento de la gestión financiera pública, mientras que las autoridades hondureñas tienen previsto adoptar medidas adicionales para «reforzar aún más la posición fiscal».

Además, el FMI considera que la adopción oportuna del presupuesto de 2025 en consonancia con los objetivos del programa es «esencial para respaldar los esfuerzos fiscales y los programas de inversión pública».

Honduras ha enfrentado «limitaciones de capacidad» para desembolsar asistencia social, con «cuellos de botella» que ya se están solucionando. Sin embargo, las autoridades han señalado la necesidad de desplegar de forma más decidida las transferencias monetarias, acelerar la finalización del censo de hogares urbanos en extrema pobreza y concluir el Sistema Único de Información del Sector Social para facilitar el diseño, el seguimiento y la transparencia de los programas sociales.

Según el FMI, las autoridades hondureñas han comenzado a «normalizar las políticas monetarias y cambiarias» tras los choques mundiales entre 2020 y 2023.

La misión del FMI celebró «la tendencia decreciente» en las pérdidas de electricidad por parte de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). No obstante, acordaron con las autoridades que la continuidad de las reformas será «vital» para apoyar la «salud financiera» de la empresa eléctrica estatal.

Honduras reconoció que es «prioritario» reducir los atrasos de pago de la ENEE a través de la emisión de bonos domésticos y mejorar la coordinación entre los entes gubernamentales para abordar los desafíos de la institución.

Estas medidas también son esenciales para atraer inversión que permita ampliar la capacidad de generación y garantizar un suministro adecuado de energía.

El FMI destacó que es «esencial» que Honduras siga fortaleciendo el marco de leyes contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD/LFT), con miras a la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en 2026.

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