Tegucigalpa, Honduras (26.09.2024).- La Corte Suprema de Justicia (CSJ), sancionará con un mes de suspensión de labores a funcionarias judiciales por inobservancias al debido proceso en caso de comunidades campesinas de Tocoa, Colón.
En virtud de la denuncia presentada por el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Colón, en relación con la actuación de la jueza supernumeraria del Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, Zoe Doralina Guifarro Díaz y los miembros de la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, Ibeth Albertina Benítez Erazo, Vianey Cruz Recarte y Dilia Iracema Guillén.
Se ha procedido a investigar las irregularidades señaladas a través de la Supervisión General del Poder Judicial en relación a la negación de amparo solicitado para participar en un cabildo abierto donde se abordarían asuntos de impacto ambiental para los pobladores de comunidades afectadas en el municipio de Tocoa, Colón.
Graves faltas
Tras un exhaustivo proceso de revisión, se determinó que la jueza y las magistradas involucradas incurrieron en graves faltas al debido proceso, al no garantizar el derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva.
El Poder Judicial, determinó que estos actos, que constituyen una vulneración a los derechos fundamentales de las comunidades campesinas supuestamente afectadas por el proyecto termoeléctrico de Inversiones ECOTEK. S.A. de C.V., son inaceptables y contravienen las exigencias de la Constitución de la República y las normativas internacionales en materia de derechos humanos, así como de la Ley de Organización y Atribución de los Tribunales (LOAT).
En consecuencia, la presidencia del Poder Judicial, dirigida por la magistrada Rebeca Ráquel Obando, ha dispuesto una sanción de un mes de suspensión de sus labores para las funcionarias judiciales relacionadas en esta decisión que imposibilitó la práctica de una prueba solicitada.
Esta acción es una respuesta contundente y firme que reafirma la postura de esta administración ante comportamientos que desdibujan la independencia y la integridad del sistema judicial.
Es crucial recordar que, independientemente del resultado del amparo en cuestión, las violaciones procesales denunciadas son inaceptables y ponen en entredicho, no sólo la confianza en la administración de justicia, sino también el respeto a 65 derechos de las comunidades afectadas.
La falta de atención a procedimientos básicos vulnera la esencia de la justicia y la dignidad humana.
Finalmente, la CSJ reitera su compromiso de asegurar un sistema judicial imparcial, equitativo y respetuoso con los derechos de todos los ciudadanos, y seguirá supervisando el cumplimiento de los estándares éticos y legales por parte de sus funcionarios para garantizar que situaciones similares no se repitan en el futuro.
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