Tegucigalpa, Honduras (24.09.2024).- Naama Ávila, directora de la Coordinación Intersectorial de Sedesol, destacó en el Foro Libertad y Poder la creciente conflictividad generada por las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDES), especialmente en comunidades como la de Zede Próspera en Roatán, donde han surgido tensiones con las poblaciones negras de habla inglesa.
“Los defensores de derechos humanos siempre han estado exigiendo justicia. Las comunidades en Choluteca, por ejemplo, han sido desplazadas y han protestado de diversas maneras. El pueblo hondureño, en su conjunto, está clamando por justicia”, afirmó Ávila, enfatizando que el término “pueblo hondureño” se refiere a aquellos directamente afectados por estas situaciones.
La directora subrayó que la justicia no debe limitarse a las acciones de los más de 80 diputados y funcionarios que han alterado el orden constitucional.
“También se debe impartir justicia para estas comunidades que se vieron afectadas seriamente. El discurso de la derecha y los defensores de las ZEDES se centra en la preocupación por los inversionistas, mientras que el bienestar de la gente en Choluteca y las Islas de la Bahía parece no importarles”, afirmó.
Ávila cuestionó la falta de buena fe por parte de los inversionistas, quienes, según ella, estaban al tanto de las irregularidades legales antes de establecer sus proyectos en el país.
“Nunca hubo un principio de buena fe. Sabían que había un grupo de políticos trastocando la Constitución de la República”, aseguró.
En su intervención, Ávila también mencionó el problema de la venta de terrenos ajenos de manera delictiva, indicando que hay funcionarios que han colaborado con estas prácticas corruptas en el Instituto de la Propiedad.
“Si alguien está vendiendo terrenos que no le pertenecen, y tiene documentos falsificados, eso es un delito que perjudica a los legítimos propietarios”, concluyó.
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