Tegucigalpa, Honduras (13.08.2024). – La oposición férrea de las 10 familias hondureñas más ricas ante la Ley de Justicia Tributaria se debe a que ellos poseen 133 veces más riquezas que el 50 % más pobre de los contribuyentes, según registros del Servicio de Administración de Rentas (SAR).
Así lo aseguró el titular de la institución gubernamental, Christian Duarte, quien además dijo que la Ley de Justicia Tributaria no pretende cobrar más impuestos a toda la población, sino que, quienes tienen más, paguen más impuestos.
“La resistencia férrea de las 10 familias ante la reforma propuesta en Ley de Justicia Tributaria se debe a que ellos poseen 133 veces más riquezas que el 50 % más pobre de los contribuyentes, así es que, evidentemente van a mantener su oposición a estas transformaciones justas”, subrayó Duarte durante el Foro “Reformas Fiscales Progresistas y Élites en América Latina” realizado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) hace unas semanas.
Asimismo, en un foro televisivo afirmó que: “Este país se sostiene por los impuestos que ya pagan los pobres, tenemos una estructura fiscal regresiva que le cobra más a la gente trabajadora, le cobra más a la gente pobre y los más ricos no pagan, esa es la principal discusión”.
Comentó que, en el mundo está una discusión mundial los 5 millonarios más ricos de todo el mundo duplicaron su riqueza y el 50 % más pobre de todo el mundo se hizo más pobre es un problema grave a nivel mundial es un problema también del capitalismo de la falta de regulación del Estado.
Monopolización de 10 familias hondureñas
“En Honduras las 10 familias más ricas tuvieron un crecimiento en su riqueza del 10 % cuando el país apenas crece al 4 % las 10 familias más ricas tienen el 20 % del PIB y no pagan la parte que les corresponde de impuestos. Yo pienso que esa es la discusión sobre la Ley de Justicia Tributaria”, agregó.
Cabe recordar que, el poder económico de estas 10 familias se ve reflejado en la monopolización y control de sectores estratégicos como la banca, el sector energético, la comercialización de productos agroindustriales.
Asimismo, controlan las industrias manufactureras, así como la privatización de minas y aeropuertos, mismos que han ha sido facilitados por fideicomisos, especulación financiera, préstamos al Estado y la mercantilización de servicios públicos.
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