Tegucigalpa, Honduras (20.06.2024).- El Juzgado en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción en audiencia inicial dictó auto de formal procesamiento con medidas sustitutivas a la prisión preventiva a tres congresistas por el caso “Red de Diputados” que implica la sustracción de 42 millones de lempiras de las arcas del Congreso Nacional.
Los diputados imputados son Fredy Espinoza Mondragón, Miguel Ángel Gámez y Gladys Bernarda Casco Cruz, acusados por la comisión del delito de fraude.
Los imputados deberán presentarse cada 15 días a un tribunal a firmar el libro de registros y la prohibición de salir del país.
En este expediente también están señalados los exdiputados Sara Medina Galo y Carlos Roberto Guevara, el representante de la Asociación de Jóvenes para el Desarrollo Integral de Honduras (AJOPADIH), José Sánchez.
Estas últimas tres personas están con medidas distintas a la prisión preventiva por el delito de fraude.
De acuerdo al requerimiento fiscal, las gestiones eran realizadas por diputados a través del Fondo de Desarrollo Departamental para la ejecución de proyectos sociales a través de ONGs.
No obstante, una vez hechos los desembolsos, los fondos eran trasladados de manera injustificada a las cuentas personales de los mismos congresistas que tramitaron los recursos y a otros diputados.
Destino de los fondos
Según las investigaciones, parte de los fondos también eran desembolsados a particulares que los utilizaban en asuntos distintos para los que estaban predestinados.
Asimismo, se efectuaron gestiones de subsidios otorgados de forma irregular a varios exparlamentarios mediante el uso del Fondo de Desarrollo Departamental, siempre bajo la justificación que eran para ser ejecutados en proyectos u obras de desarrollo social.
El origen y giro de los recursos provino de 82 transferencias desde la Secretaría de Finanzas a una cuenta de banco de la AJOPADIH, dinero que se acreditó en un periodo de seis meses, indicó el ente acusador.
El MP detectó que uno de los imputados que cumplió su rol como cooperador necesario, registró su firma en las cuentas que eran parte de la ONG y se auto acreditó 28 millones de lempiras, a su vez, hizo depósitos a 26 cuentas particulares, entre ellos la de los exdiputados acusados; mientras tanto, el dinero restante fue trasladado a terceros sin ninguna justificación.
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