Tegucigalpa, Honduras (19.06.2024).- El Ministerio Público logró que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declare “Con Lugar” el amparo presentado contra la resolución que sobreseyó en forma definitiva a la abogada Delmy Elizabeth López Paz, en su condición de juez con Jurisdicción Nacional.
La profesional del derecho es acusada por la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de los Servidores del Sector Justicia (FEES-SJ), por suponerla responsable de los delitos de abuso de autoridad y tráfico de influencias en el sonado caso “Shalom”.
Es por ello que, con esta resolución de la Sala Constitucional se da luz verde para que el auto de formal procesamiento vuelva a ser efectivo. Esto implica que se reactive la acción penal y que el caso continúe su curso judicial para que la imputada enfrente los cargos formales de las que el Ministerio Público la acusa.
Hechos
De acuerdo a las investigaciones, López Paz a petición del exvicepresidente del Consejo de la Judicatura y Carrera Judicial, Teodoro Bonilla Euceda, con quien mantenía una cercana relación, manipuló e influyó directamente para que la jueza Liz María Núñez Cardona conociera el expediente “Shalom” y favoreciera con resoluciones al margen de la Ley a dos parientes de Bonilla Euceda, en un proceso penal incoado en enero de 2014 por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), por varios delitos de criminalidad organizada en San Pedro Sula.
En ese entonces, la operadora de justicia se desempañaba como juez con Jurisdicción Nacional, siendo objeto de un ascenso posteriormente.
El caso “Shalom” se refiere a la captura y juzgamiento de varias personas en San Pedro Sula por delitos de criminalidad organizada y lavado de activos, entre ellos dos parientes de Teodoro Bonilla, beneficiados con resoluciones judiciales gracias a favores solicitados al margen de la Ley a las juezas con Jurisdicción Nacional Delmy Elizabeth López Paz y Liz María Ernestina Núñez Cardona, culpable del delito de abuso de autoridad por este mismo caso.
El Ministerio Público reitera su compromiso con el pueblo hondureño de perseguir y sancionar a quienes hayan cometido delitos en el sector justicia y en la administración pública. Este compromiso se enmarca dentro de las acciones continuas para combatir la corrupción y la impunidad en el país.
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