Tegucigalpa, Honduras (14.05.2024).- La Fiscalía Especial de Medio Ambiente (FEMA), presentó requerimiento fiscal contra Reina Benavides Lanza, Max Lenin Benavidez y Geussepe Giarelli Ferrera, por suponerles haber cometido el delito de explotación ilegal de recursos naturales, así como la realización de trabajos sin el respectivo permiso ambiental.
El pasado 9 de agosto de 2023, la Alcaldía Municipal del Distrito Central (A.M.D.C.), interpuso una denuncia en la que manifestaban que en la aldea Guasculile, Distrito Central, se estaba extrayendo material no metálico, material selecto y que se estaba utilizando equipo pesado para la extracción.
Una vez que se llegó a realizar la respectiva inspección, personal técnico de la FEMA encontró que, en efecto se había utilizado maquinaria pesada y que las remociones eran recientes, también se observaron dos lagunas artificiales como producto de los trabajos.
Asimismo, el dictamen técnico número 088-2023 indicó que el área afectada está dentro de la franja de influencia de la quebrada temporal denominada San Agustín, de igual forma; se denotó una pendiente de 30%-45%, el corte de un árbol de sauce cuyas raíces fueron removidas, así como remoción de la capa vegetal y la capa de suelo orgánico, entre otros hallazgos.
También se determinó que el sitio consta de un área de 1758 M2, en donde se llevaban cortes de taludes, así como movimientos de tierra que afectan la biodiversidad que habita en el sotobosque, de igual forma se determinó mediante el uso del Google Earth que desde el 2022 se hacían cortes en el lugar.
Según el dictamen N° 238-2023, de la Sección Técnica Ambiental (STA) de la FEMA, los trabajos encontrados en el lugar generan impactos ambientales significativos en la zona y alrededores, comprometiendo la integridad de los ecosistemas.
Además, se constató que en el Departamento de Análisis y Estudios Ambientales, en ningún momento se extendió algún permiso ambiental para ejecutar obras en el sitio antes mencionado.
En otro expediente que conoce la FEMA, se presentó requerimiento fiscal contra Juan Carlos Cerrato Varela, por suponerle responsable de cometer el delito de daños en contra del ecosistema; hecho suscitado en Monte Redondo, Francisco Morazán, carretera hacia Olancho, en donde se encontró una maquinaria haciendo una remoción de tierra.
El Dictamen 006-2024 de la Sección Técnico Ambiental de la FEMA, concluyó que el área afectada era de aproximadamente 4100 metros cuadrados y que se habían cortado 75 encinos de cinco a 20 centímetros de diámetro y entre cuatro y seis metros de altura, así como 25 robles rajados para utilizarlos como postes.
Sumando a la investigación se solicitó la documentación de soporte por el respectivo permiso para ejecutar este trabajo, respondiendo la autoridad administrativa que no existía ningún documento extendido a favor de Cerrato Varela.
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